Opciones sobre asociación y sindicación de funcionarios
Con una ponencia sobre las Organizaciones para la defensa de los intereses del Ingeniero en la Administración: la sindicación y el asociacionismo, fueron clausuradas ayer en el Instituto de Ingenieros Civiles las Jornadas sobre los ingenieros en la Administración Pública.La ponencia, desarrollada por José María Boquera, Antonio Guisasola, José María Peña, Antonio Reus, Luis Rufilanchas y Eugenio Triana, representantes todos ellos de las más variadas tendencias profesionales y políticas del Instituto, fue acompañada de un debate en el que se precisaron todavía más las distintas opciones de asociación y sindicación presentadas por la mesa.
Estas jornadas -ha manifestado Ramiro Cercós, presidente del Instituto- responden a un programa de esfuerzos de Instituto y en general de todo el sector de ingenieros miembros (unos 22.000 en total, de los que 5.000 son funcionarios), por reformar en profundidad las estructuras profesionales con el fin de adecuarlas a los nuevos tiempos y a las ideas exigidas por el sistema actual de valores. El cambio social, la aceleración tecnológica, las nuevas exigencias de bienestar social exige no solamente una reforma en profundidad de la Administración española, sino también unas actitudes y unos planteamientos nuevos de aquellos que prestan sus servicios en ella como consecuencia de solidarizarse plenamente con los objetivos sociales que deben regir el funcionamiento de la Administración.
En la nueva época, nuestra profesión -ha añadido el señor Cercós- no puede ser un bloque monolítico frente al reconocimiento y garantía de los derechos de los diferentes grupos de profesionales. Este instituto debe hacer honor a su naturaleza de organización federal democrática y su presencia en la sociedad se ha de caracterizar por el más alto sentido social.
Al igual que en el resto del mundo, donde el profesional cubre sus opciones personales y la defensa de sus derechos exclusivamente por medio de sindicatos y entidades asociativas de derecho privado, también se pretende en España cubrir la defensa de los intereses laborales del funcionario.
