La oposición presenta sus condiciones para aceptar el referéndum

Casi paralelamente a que la Plataforma de Organismos Democráticos (POD), reunida en Las Palmas de Gran Canaria, acordara proponer al Gobierno su aceptación del referéndum previsto, siempre que la pregunta sea si se desea o no la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes y a condición de que se reconozca una serie de requisitos previos, se ha conocido una propuesta informal procedente de un sector de la oposición, en la que se rija una serie de condiciones mínimas para que varios de los partidos que la integran acepten su legalización.

Los requisitos previos que considera imprescindibles la POD para participar en el referéndum son: legalización de todos los partidos y organizaciones sindicales sin exclusiones; amnistía total; reconocimiento efectivo de los derechos ciudadanos; derogación del decreto-ley sobre terrorismo y demás leyes represivas, y disolución del Tribunal de Orden Público; igualdad de oportunidades para todos los partidos y organizaciones sindicales en el acceso a los medios de comunicación estatales; supresión del aparato político-administrativo del Movimiento y control de los partidos políticos democráticos en la consulta popular. La Plataforma ha indicado que si no se cumplen estos requisitos, rechazará el referéndum e iniciará una campaña de abstención activa. Por su parte, el sector de la oposición sondeado por el Gobierno sobre las condiciones mínimas exigidas para la legalización de varios partidos que la integran ha expuesto, al parecer, los siguientes requisitos: derogación del decreto-ley antiterrorismo, en su integridad; modificación por decreto-ley de la ley de Asociaciones Políticas, en el sentido de que la inscripción de los partidos en el registro sea puramente declarativa; derogación inmediata del artículo 22 de la ley de Orden Público, que establece la responsabilidad penal subsidiaria; conversión del actual anteproyecto sobre unidad jurisdiccional en proyecto de ley, sin hacer compatible dicha unidad con la existencia de tribunales centrales de lo penal ni de orden público; modificación del artículo 6º de la vigente ley reguladora del derecho de reunión, e iniciación de una negociación con miembros del comité central del Partido Comunista de España (PCE), encaminada a que el Gobierno ofrezca garantías de que el PCE será legalizado después de las próximas elecciones.Información en pág. 9