Los arquitectos y abogados de Aragón, contra el Plan de Ordenación Territorial

El Colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja ha decidido, durante la última reunión de su junta de gobierno solicitar del Ministerio de la Vivienda que proponga ante el Consejo de Ministros que se deje sin efecto el real decreto que determina las bases del plan director territorial de coordinación de Aragón. Por su parte, la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza hace constar también su protesta por la aprobación de dicho real decreto.

Los arquitectos han elevado a las autoridades nacionales y regionales un informe en el que dicen que la puesta en práctica de ese decreto sobre ordenación del territorio, puede ser «la decisión más importante que se haya tomado en Madrid, con relación a Aragón, en los últimos cincuenta años». Según el Colegio de Arquitectos las manifestaciones aragonesas en favor del ferrocarril de Canfranc y en contra del trasvase del Ebro, de las centrales nucleares, de las demoras en los regadíos, etcétera, pueden quedarse pequeñas a partir de ahora, al lado de la oposición regional a este plan de ordenación dictado desde Madrid para las tierras aragonesas.En el amplio informe de los arquitectos, lo más grave que contiene este decreto ley de ordenación territorial es que el magno proyecto debería haber sido redactado y realizado por las diputaciones provinciales según está determinado en la ley. Por el contrario, éstas han dejado el trabajo en manos de los organismos centrales de gobierno. Dicen a este respecto que con esta concesión la iniciativa aragonesa en la ordenación de su territorio ha sido concedida por completo a la Administración central. «Las diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel -añade el informe de los arquitectos- podrían haber redactado un plan director territorial que abarcara, en suma, a todo Aragón. Esta facultad legal no ha sido utilizada». «Su actitud de silencio y aceptación del real decreto, dado el carácter netamente centralista de éste, estimamos que es inadmisible». «En efecto -sigue el informe- la participación de las entidades locales y organismos de Aragón es accesoria, y todas las decisiones están en manos de la Administración central.»

Criterios centralistas

Según se especifica en el plan director, aprobado por el real decreto de 18 junio de 1976, el funcionario que va a dirigir la confección de todo el plan viene designado por el Ministerio de la Vivienda; los grupos de trabajo que se constituyan estarán siempre encabezados por funcionarios ministeriales. El director general de Urbanismo será además presidente de la Comisión Regional de Planeamiento, y sólo tres de sus diez componentes representarán de manera nominal a la región propiamente dicha, sin que los municipios aragoneses como tales tengan parte alguna en las deliberaciones para la planificación.Los arquitectos aragoneses señalan también que el decreto llega a extremos más centralistas que los de la propia Ley del Suelo, recientemente aprobada por las Cortes. Según el decreto, el órgano decisorio en última instancia en materia de planificación será la Comisión Central de Urbanismo. «Creemos -dicen en su informe los arquitectos- que ni las actuales Cortes españolas hubieran aceptado una normativa de esta naturaleza.»

Aluden después a que las normas para el funcionamiento de este plan director regional carecen del mínimo carácter democrático, «por no tener cauce alguno válido para la participación pública». Dicen que la única alternativa que le queda a Aragón en esta materia es la adaptación a las decisiones que ya haya asumido o asuma la Administración central.

Tras señalar que la representatividad de las autoridades locales es «ya de por sí dudosa», el Colegio de Arquitectos de Aragón hace referencia en su informe al nulo peso específico que éstas van a tener en la modelación del plan regional. Califican también de «pantalla pseudodemocrática» el plazo de información pública de un mes de duración para la aprobación definitiva del contenido de este plan territorial.

Dicen asimismo que el plan director deben estar realizados por los propios aragoneses, y su comisión regional «debe estar compuesta por mayoría de representantes de Aragón elegidos a través de fórmulas auténticamente democráticas». Ven los arquitectos, en el éxito o fracaso de las bases de este plan, el éxito o el fracaso de las futuras autonomías regionales.

Según fuentes cercanas al Ministerio de la Vivienda, se asegura en Zaragoza que la Comisión de Planeamiento para la Ordenación del Territorio podría empezar a funcionar dentro de unos días, y el primer ámbito geográfico a analizar sería el correspondiente a la provincia de Teruel.

Para el Colegio de Arquitectos, en este plan de ordenación del suelo aragonés cabrían cuestiones tan arduas e importantes como son las centrales nucleares del valle del Ebro, el trasvase, los regadíos, las zonas de localización industrial, etcétera. Todo esto-dicen los arquitectos- exigiría un pronunciamiento de los ciudadanos de Aragón en forma de referéndum.

Después de hacer constar que la planificación regional aragonesa no el un fenómeno aislado en el país, añaden que los rumores indican que se pretende contratar con instituciones extrañas a Aragón. «Si ello fuera así, lo que no esperamos, existiría un nuevo motivo de crítica hacia una planificación iniciada en forma tan poco afortunada.»