«El problema del País Vasco, fundamentalmente político»

Los estudios para la redacción de un régimen especial para Vizcaya y Guipúzcoa han finalizado tras la aprobación en tres días de seis ponencias. Las dos últimas aprobadas, las seis y siete, referidas respectivamente a Educación y Cultura, Agricultura, Comercio e Industria. Se ha cerrado así una etapa en la historia de la comisión, que en la redacción de la primera ponencia -la de Gobernación- ocupó alrededor de diez meses y que ahora, en tres jornadas maratonianas, ha despachado seis ponencias, entre ellas la de Hacienda, tan controvertida y trabajosa como la primera.

Frente a la postura oficial, que ha aprobado apresuradamente seis ponencias en algo más de setenta y dos horas, aparece la de ocho personas, entre ellas Luis Olarra, industrial vizcaíno, presidente del Consejo de Empresarios y miembro de la comisión hasta hace un par de meses en que pidió su cese. El señor Olarra ha hecho unas declaraciones a EL PAIS, en las que analiza el valor del régimen especial y su postura de bloquear el estudio tras la aprobación de la ponencia de Gobernación.

«Nosotros fuimos nombrados, hay que tener en cuenta, hace casi un año, y es evidente que el panorama político ha evolucionado sensiblemente. Desde el principio de la reunión quedó claro, y así lo planteamos nosotros, que el problema del País Vasco era fundamentalmente político, y, por tanto, se convino que la primera ponencia a abordar debía ser la de Gobernación, que enfocaba la temática de las instituciones, su autonomía y funcionamiento ».

La ponencia

La ponencia fue dirigida por el señor García Trevijano, director general de Estudios de la Administración Local. Con él colaboraron los asesores señores Celaya y Navajas, ambos conocedores de la temática vasca.«Básicamente -señala el señor Olarra- se acordó que las instituciones centrales habían de ser las juntas generales, base y fundamento del antiguo régimen foral. Fue objeto de debate amplio el dilucidar si el presidente de las juntas generales debía ser el presidente de la Diputación o si aquél debía ser nombrado por aquélla. Finalmente prosperó este criterio.»

Luis Olarra justifica luego su petición de abandono de la comisión con la aprobación de la ponencia de Gobernación.

«Nuestra postura era clara. Pensábamos que si el país se preparaba para unas elecciones generales y si a continuación se iban a realizar las municipales y provinciales, resultaba claro que, para nosotros, establecieran las juntas generales su sistema de elección, y la definición de que las diputaciones habrían de ser los órganos ejecutivos de las decisiones de las juntas generales. El resto de los temas no eran de nuestra incumbencia y debían ser discutidos por la Administración Central con dichas instituciones de acuerdo con el plan establecido.»