Las elecciones municipales, aplazadas

El Gobierno ha aplazado las elecciones municipales. No diría yo que ha sido siquiera una decisión política. El aplazamiento de las. elecciones municipales se contenía implícitamente en la caída del Gobierno Arias..Evitar aquellas elecciones municipales, las de Fraga, no sólo era una medida de elemental prudencia, sino de oportunidad. No había el menor ambiente para tales elecciones. Apenas si se produjeron comentarios pidiendo que se clarificara lo que iba a suceder, Casi no ha habido reacciones ante el aplazamiento. La reforma, el horizonte de unas elecciones legis:lativas, han convertido las elecciones municipales en un tema menor. Y es inconcebible que tanto las fuerzas del sistema como las de la oposición hayan cometido un pecado mortal con tanta ligereza. El Gobierno Suárez ha diferido las elecciones municipales para un momento posterior a las elecciones legislativas. Fraga, en cambio, las había calculado como dos procesos simultáneos. Con la elección de la mitad de los concejales, en el mes de noviembre, principiaba un complicado mecanismo del que iban a surgir unos alcaldes presuntamente elegidos que a su vez intervendrían en la elección de las diputaciones y de los miembros del Senado atribuidos a la representación local. La pieza básica de aquella operación consistía en evitar la renovación total de los ayuntamientos. De esta manera, unos concejos que serían por mitad democráticos, por el hecho de estar elegidos por sufragio universal aunque la presentación de los candidatos se atendría aún a la ficción orgánica, y contendrían otra mitad movimentista y disciplinada, controlarían las alcaldías y una parte considerable del Senado. De esta manera, la composición de los ayuntamientos franquistas seguiría pesando decisivamente durante otros seis años.Naturalmente, el nuevo enfoque dado por Suárez a las elecciones a Cortes invalidaba la estrategia de la reforma de la ley de Régimen. Local. Está por ver, de todos modos, si cuando se dice en el proyecto de reforma que los senadores representarán a las entidades territoriales implica ello algún riesgo de que los actuales ayuntamientos y diputaciones intervengan de algún modo en la promoción y presentación de candidatos. Sería inadmisible. Pero con independencia de esta eventualidad hay que reconocer que nos encontramos en un verdadero callejón sin salida. Efectuar las legislativas sin una previa remodelación de los ayuntamientos, supone, tal como me decía un ilustre intelectual y político de la izquierda española conceder a quienes controlan actualmente el aparato municipal un protagonismo destacado en las próximas elecciones. Se quiera o no se quiera ello supone una clara desventaja para los grupos de oposición. Pero al propio tiempo es imposible renovar los ayuntamientos sólo en la forma y con el alcance que se pretendió en tiempos de Arias. Cualquier cosa que no sea la elección total de los concejales, y la supresión de los residuos de organicidad formal que subsisten en la reforma de García Hernández, se ajustaría muy poco ,al nuevo rumbo constitucional. Todo ello, pues, implica una serie de decisiones que no entran, de momento, en el paquete de la reforma. ¿Quiere ello decir que el Gobierno pretendería esperar a que las nuevas Cortes se constituyan y regulen la materia? Sería una prórroga demasiado larga e inconveniente para la democracia municipal. ¿Entonces, sin modificar el entramado legal, convocaría las elecciones municipales para la época intermedia entre las legislativas y la constitución de la Cámara? Sería una nueva decepción. La conclusión, por consiguiente, es obvia. Hágase lo que se haga se hará mal y la solución adoptada no dejará de contener tantos defectos y desventajas como las demás soluciones alternativas. Existe un vicio de procedimiento determinado por la inexistencia de un pacto para el cambio. Y a partir de ahí se producen unos problemas que hoy por hoy son más de forma, de timing, que de verdadero fondo. Por mucho que el radicalismo de determinadas notas se empeñe en demostrar lo contrario.

El Gobierno desea las elecciones, las legislativas, cuanto antes. Un sector de la oposición, en cambio, precisamente aquel que va a participar finalmente en ellas, se inclinaría por un aplazamiento de cuatro o cinco meses y por la renovación previa de la totalidad de los ayuntamientos. Sólo así, argumentan, existirá fiabilidad absoluta de cara ala neutralidad para convocar y elegir a quienes han de redactar la nueva Constitución. Pero esto supondría que el Gobierno, después del referéndum y antes de dictar las normas electorales, debería alterar las Bases del Régimen Local y no proceder a sancionar el texto articulado, para lo cual el plazo que le dieron las Cortes expira el próximo día 21 de noviembre. Sino se quiere perpetuar la organicidad inconfesa hay que bloquear el sistema de tercios y para ello hay que evitar que se articulen las Bases en cuestión. Pero para marcar las prioridades, y confeccionar el calendario definitivo, el Gobierno sigue necesitando entenderse con la oposición. Sólo a través de un acuerdo es posible eliminar todos Ios contrasentidos que nublan el horizonte.