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Denuncian los desahucios de casas de protección oficial

La situación provocada por las inundaciones de las chabolas, de Carabanchel Bajo, con la promesa del Ayuntamiento y el Ministerio de la Vivienda de facilitar casas en el plazo de un mes, ha originado la protesta de los vecinos de diferentes barrios que estiman injusto el sistema seguido en estos desalojos.

Durante la mañana de ayer trescientos vecinos de la UVA de Hortaleza manifestaron su oposición a los desahucios iniciados en su barrio por el Ministerio de la Vivienda. Representantes de la asociación negociaron, sin resultado, la paralización de los desahuciados y pidieron un nuevo plazo para plantear las alegaciones de los vecinos afectados. En un primer momento se consiguió una semana de plazo tras gestiones con funcionarios del Ministerio, pero el director general, señor Rebollo, se opuso a este plazo y dio la orden de que continuaran los desalojos.En un escrito presentado ayer en la Dirección General, la asociación de vecinos de Hortaleza expone las razones por las que ve injustificable el desahucio que se produjo ayer y ofrece bases de negociación basadas en dos puntos:

-Aplazamiento de las órdenes de desahucio durante una semana como mínimo.

-Nuevo plazo de alegaciones y reunión de los afectados con el señor Rebollo para exponerle sus razones. Por ahora son diez los desahucios anunciados.

Hoy, viernes, está previsto un nuevo desahucio. La vecina afectada, según informa la asociación, es una mujer mayor de edad, titular de la vivienda, que abandonó su domicilio durante cuarenta días para atender a una hija que había dado a luz. El Ministerio consideró que esta ausencia era suficiente.

La asociación de vecinos hizo un nuevo llamamiento al Ministerio para continuar las negociaciones, que en estos momentos incluyen la devolución de la vivienda expropiada ayer a su antigua propietaria.

La situación que se registra entre los vecinos es de profundo malestar. A estas casas desalojadas irían a parar los chabolistas de Carabanchel a los que el Ayuntamiento prometió viviendas. En la asociación de vecinos piensan que sería conflictivo trasladar allí a estas personas. «Es posible que los vecinos de los desahuciados no los acepten.»

En un extenso informe presentado al director general de la Vivienda, la asociación hace las siguientes consideraciones: «No nos oponemos a una política que corte los abusos y casos de corrupción acumulados en tantos años de utilización ilegal de las viviendas de protección oficial, pero pensamos que la corrección de estos abusos ha de dirigirse primordialmente hacia aquellos sectores sociales acomodados o de la Admimnistración que utilizan esta promoción oficial con fines especulativos y de beneficio personal. No creemos que casos de este tipo puedan ser encontrados en la UVA de Hortaleza habitada por un vecindario situado en los estratos mas bajos, económicamente, de la población.»

«Sin entrar a discutir en estos momentos jurídicamente, continúa el escrito, el procedimiento legal seguido, pedimos una suspensión del acto administrativo dictado hasta que se estudien directamente y de forma cuidadosa, los casos de desahucio mencionados. Por encima de un procedimiento administrativo legalmente impecable, pensamos que está el caso individual que, estudiado a niveles simplemente humanos, puede hacer variar una resolución administrativa adoptada fríamente».

La urgencia por conseguir casas vacías, motivo de escándalo a nivel popular y tema en el que Vivienda y Ayuntamiento han empeñado su palabra frente a los chabolistas afectados de Carabanchel, han provocado esta situación que comienza a tener resonancia en otros barrios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de octubre de 1976

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