El Gobierno italiano presenta una ley de reconversión industrial
Mientras el Parlamento se dispone a debatir el proyecto de ley de reconversión industrial preparado el lunes pasado por el Consejo de Ministros tras 12 horas de sesión los sindicatos (CISL, CGIL, UIL) han programado para el 7 de octubre dos horas de huelga en los sectores de la industria y la agricultura. Las asambleas de fábrica estudiarán a fondo las razones de su oposición al proyecto del Gobierno.El proyecto de Andreotti crea un fondo de restructuración y reconversión industrial con administración autónoma y gestión fuera de presupuesto, por tres años de duración. Dicho fondo dependerá de un comité de ministros para la coordinación de la política industrial (CIPI). De él dependería, además, la política económica referente al sur y a las participaciones estatales.
Prácticamente el fondo será administrado por el ministro de Industria y el CIPI tendrá como tarea global y concreta la programación.
Respecto al proyecto que en diciembre pasado elaboraron Moro y la Malfa, el de Andreotti presenta la novedad de haber sido elaborado por los partidos y de recibir la última palabra y espaldarazo del debate parlamentario. Con los sindicatos Andreotti ha consultado más que negociado, provocando con ello tensiones en las relaciones de los sindicatos con los partidos y en el seno mismo del movimiento obrero y sus organizaciones.
En sustancia los sindicatos miran más a la política económica general que a cosas urgentes concretas. Piden que las inversiones de la reconversión mantengan en el norte los actuales niveles de ocupación y que nuevas inversiones creen puestos de trabajo en el sur. Quieren que se incrementeren los consumos sociales Y que sobre todo no se creen «aparcaderos» de mano de obra, sin garantía de ser absorbida en el proceso productivo. Dos condiciones son necesarias, que el CIPI tenga una dirección única y que las inversiones tiendan a reducir la dependencia que el, país padece del extranjero.
Sobre todo a los sindicatos les ha interesado corregir el viejo proyecto Moro-la Malfa, según el cual las empresas del fondo no tenían facultad para despedir al trabajador, quien pasaba al «aparcadero» de una caja de integración por tres años con una particular bendición en metálico para que abriera porsu cuenta una empresa artesanal en el espeso bosque de micro-economías preindustriales. Objetivo principal de los sindicatos es garantizar a toda costa el empleo prescindiendo del criterio de la movilidad. El Parlamento y las regiones tienen, además, que controlar la gestión del fondo a través de una confrontación sistemática del Gobierno con los sindicatos. Las participaciones estatales tienen que ser financiadas sólo en relación con preciosos programas.
El Partido Comunista, que por su cuenta ha puesto en movimiento la base de sus afiliados en discusiones y conferencias preparatorias para el debate parlamentario, no se aleja mucho de la crítica de los sindicatos.
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