Ultimadas importantes medidas de carácter socieconómico

Todo parece indicar que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, reunida ayer bajo la presidencia de Adolfo Suárez, abordó, tras la pausa que supuso el tratamiento político del anterior Consejo de Ministros, diferentes medidas de carácter económico y social que muy bien pudieran poner punto final a la serie de medidas que sobre este campo ha ido adoptando paulatinamente desde su formación hace poco más de dos meses.Baza importante en este nuevo paquete de medidas es la jugada por el ministro de Trabajo, Alvaro Rengifo, cuyo intento por afrontar el próximo «otoño caliente» parece que recibirá la aprobación del Gobierno y el refrendo de un decreto-ley.

El plato fuerte del próximo Consejo de Ministros parece apuntar hacia la posibilidad de decretar una especie de «pacto social», por el cual se aprobaría la suspensión por un año, hasta que finalice la reforma política, de todos los convenios colectivos que deberían ser discutidos, sustituyendo la fórmula de los convenios durante el período de suspensión con revisiones periódicas que pudieran ser de tres, cuatro o seis meses, más un punto, según el índice del coste de la vida.

Otro punto de las medidas tendería a regular en lo posible la situación de las plantillas. En este sentido, serían aprobadas diferentes disposiciones mediante las cuales se autorizaría a las empresas a realizar correcciones anuales en sus plantillas en porcentajes que oscilarían entre el 5 y el 8 por 100, de acuerdo con el número de trabajadores y la situación económica de los centros.

Igualmente podrían ser aprobados otros puntos, según los cuales se exigiría a las empresas constructoras a contratar a los trabajadores temporales por un mínimo de seis meses. También se dictarían normas tendentes a hacer más efectivo el seguro de desempleo, con objeto de poder conjugar las medidas antes mencionadas.

Esta primera parte del paquete económico-social que es intención del Gobierno aprobar, ha sido presentada y aceptada, con ciertos condicionantes, por la parte empresarial, Según comunican estos mismos a EL PAÍS, aunque albergan serias dudas sobre sus posibilidades económicas a la hora de cumplir con lo pactado.

Sin embargo, como ocurre para todo pacto social, además de tiempo se necesitan dos partes y, que se sepa, la parte laboral, tras los contactos mantenidos por Enrique de la Mata con CC OO, USO y UGT, no parece muy dispuesta a participar en este «pacto social» aprobado por decreto.

Las medidas se completarían con un plan tendente a conseguir un mayor ahorro energético, si bien dentro del citado plan no parece que se aborde un posible racionamiento de la gasolina, por cuanto sus efectos serían bastante más perjudiciales que los beneficios, debido a que el ahorro de carburantes no supone una parte importante dentro de la balanza comercial energética de España.