Los funcionarios sindicales

La cada vez más próxima desaparición de la Organización Sindical (OSE) ha agudizado el viejo problema del destino futuro de los 30.000 españoles que trabajan en la OSE, los sindicatos nacionales, las hermandades de labradores, las cofradías de pescadores y demás órganos del verticalismo.La solución a este problema, derivado para unos del reformismo sindical y para otros de la ruptura sindical, debe apoyarse en elementales y democráticos principios básicos. El primero es el derecho de los hoy sindicatos ilegales para contratar libremente a sus presentes y futuros cuadros de funcionarios. Resultaría inadmisible que se pretendiera limitar la libertad de las sindicales ni tan siquiera con la presión que supondría que el Gobierno les intentara echar encima el futuro de 30.000 familias españolas.

En segundo lugar debe garantizarse, de manera clara, definitiva e inequívoca, el empleo de los actuales funcionarios de la OSE y el del personal que en ella trabaja con contrato laboral. Debe distinguirse, eso sí, entre los auténticos funcionarios y la línea política que a partir de su empleo en gabinetes negros, cargos de libre designación, oposiciones patrióticas y demás corruptelas, ha encontrado asilo en la OSE a la hora de los ceses en funciones estrictamente políticas y gubernativas, al igual que hasta hace bien poco lo encontró, aunque en menor grado, en altos cuerpos del mutualismo laboral, pariente político de la OSE.

La garantía del empleo exige el paso de los, valga la redundancia, funcionarios funcionarios de la OSE a la Administración del Estado, y sólo al Estado, pues la OSE ha sido, y es, una parte del todo político-burocrático-administrativo del franquismo que, como cualquier otro Ministerio, ha desempeñado, funciones de evidente carácter público, aunque, por el enmascaramiento del carácter estatal de la OSE, nunca se haya reconocido un específico estatuto de funcionarios públicos a estos trabajadores.

Debe descartarse cuanto antes el intento de algunos sectores de llevar a los funcionarios de la OSE a un organismo autónomo parasindical. La Administración del Estado, y sólo ella, debe ser el futuro empresario de estos funcionarios, y dentro de ella, los ministerios en los que se hayan de diluir (no perpetuar) el aparato de la OSE y sus funciones estatales.

Llevar a los funcionarios de la OSE a ese pretendido organismo autónomo, aunque dependiera del Estado, es restarles la seguridad que el Estado les daría, pues el Estado no parece que vaya a desaparecer y los organismos autónomos desaparecen cualquier viernes por un simple decreto-ley. Unase a ello que tal organismo, en cuanto continuador de la OSE, sería un aparato no democrático, incompatible con la libertad sindical, y no parece que el futuro de los hoy trabajadores de la OSE deba ser incompatible con la libertad sindical.

Finalmente, el paso al eventual organismo introduciría un fuerte elemento de incertidumbre laboral en las perspectivas de los funcionarios de la OSE (el desconocimiento de los estatutos de tal organismo autónomo), profundamente lejana del conocimiento de las reglas que les dará su integración en la Administración estatal.