Se agrava el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición
La reunión de gobernadores civiles celebrada anteayer en Madrid ha confirmado la línea restrictiva del nuevo Gobierno, respecto a los partidos no legalizados, tras el fracaso de las conversaciones con algunos representantes de la oposición democrática.
Fuentes próximas al Movimiento resumen los acuerdos tomados por los gobernadores en dos Grupos de medldas: las primeras, encaminadas a la preparación del referéndum (que podría celebrarse hacia diciembre) y de las elecciones e para las nuevas Cortes, que se aplazarían hasta el mes de abril, las segundas, para reducir a unos límites exiguos la aparición de los partidos de oposición, así como sus líderes y siglas. Los partidos que no hubieran aceptado la inscripción, E según las actuales normas asociativas, verían reducido al mínimo su margen de actividad, puesto que se declararían pura y simplemente ilegales.Los gobernadores llegaron, según indican las mismas fuentes, a unos criterios más o menos comunes, según los cuales un 66 por 100 de la población española podría seguir respondiendo a los esquemas del franquismo. reformado ahora con las innovaciones constitucionales propuestas por el Gobierno Suárez. La posibilidad de que ese porcentaje fuera alto en las provincias, rurales y más difícil de ( alcanzar en las grandes concentraciones industriales, no fue materia debatida, pues la apreciación sobre la intención de voto de los españoles no está basada en prospecciones sistemáticas, sino en estimaciones poco articuladas.
Esta mayoría esperada podría ser reforzada por la acción política planificada en la reunión de ayer y otras sucesivas, que ayudarían a establecer una estrategia conjunta de cara al primer proceso electoral que pueda contemplar el país desde la desaparición de Franco.
Nuevas posiciones en el interior del Gobierno Sin relación directa con este proyecto, pero incidiendo en la evolución, política general, otras fuentes solventes señalan una nueva situación en el interior del nuevo Gobierno. Según esas informaciones, podría estar produciéndose en estos días una vinculación más estrecha entre los sectores tecnocráticos y falangistas del Gabinete, que presionarían sobre el grupo de ministros del ala más liberal, los propagandistas católicos; éstos perderían influencia y peso en el conjunto gubernamental, en favor de las áreas próximas a los departamentos de Gobernación y Secretaría General. Son estos Ministerios los que, por su naturaleza política, dirigirían el proceso electoral, del que depende la estrategia de reformas del actual Gobierno. Por su parte, la recuperación de posiciones por parte del sector tecnocrático tiene un símbolo claro en la designación del nuevo gobernador del Banco de España, señor López de Letona.
Distintas fuentes coinciden en que el Gobierno intenta ultimar en estos días la línea general de la reforma constitucional. Se trata de regresar a una transformación de la Ley Orgánica del Estado, que debería obtener la aprobación de dos tercios de las Cortes y del Consejo Nacional, para pasar posteriormente al refrendo popular. El referéndum, de acuerdo con este calendario. no podría celebrarse antes del fin del otoño. Esta consulta podría tener un carácter no excesivamente opuesto a la del referéndum de 1966, en el que no se admitió propaganda que no fuera favorable al «sí», ni se autorizó la presencia de formaciones políticas no oficiales. Las preguntas contenidas en la consulta podrían referirse a tres materias, según informaciones últimas: bicameralismo libertad sindical y tribunal de garantías constitucionales. Diversos sectores oficiales considerarían que un resultado favorable en el referéndum no sólo reforzaría a la Corona, sino que legitimaria al actual Gobierno para redactar una constitución otorgada desde el poder y articulada después de la consulta popular. Esa deseada mayoría reformista-franquista -que otros medios ofi-
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ciales cifrarían, en cambio, en un problemático 50 por 100- es la que los gobernadores se disponen a estudiar desde ahora, según las mismas fuentes, con la mayor atención. En el planteamiento gubernamental podrían admitirse algunos diputados elegidos por las minorías que representaran a los partidos inscritos de acuerdo con la vigente legalidad.
El presidente Suárez, que ha desautorizado la versión de sus declaraciones publicadas por Paris-Match, podría aparecer en los próximos días en las pantallas de Televisión Española.
Medios gubernamentales próximos al presidente podrían manejar un balance de la situación última, según el cual los esfuerzos de diálogo con la oposición han resultado baldíos: la oposición está muy dividida, según esa versión oficial, y, no acepta un diálogo constructivo: las condiciones de los partidos para la negociación no pueden ser aceptadas.
Con una información de esta clase se vendría a reconocer, en suma, el sentido de unas conversaciones en las que apenas se habría pasado de los análisis de situación, para dejar intacto el terreno del compromiso formal.
Las fuerzas democráticas han mostrado, en diversa escala, su preocupación, aunque algunos partidos señalen ahora que no se sienten sorprendidos ante la inexistencia de resultados, que algunos ya habían previsto.
La reunión de Coordinación Democrática organizada para el próximo día 4 podrá ofrecer como resultado la proposición de una alternativa global para hacer frente a la actual crisis política y económica, así como una exposición de condiciones mínimas para negociar con el Poder. Algunas informaciones filtradas hasta medios oficiales indican que las condiciones previsibles no resultarían aceptables para el Gobierno.
Parece extenderse el convencimiento de que se hará público un amplio proyecto por el que las fuerzas democráticas de izquierda a derecha podrían suscribir un compromiso en torno a una triple estrategia, va anticipada en las páginas de EL PAIS:
-Proceso constituyente para dotar de una nueva Constitución a la Monarquía, como oferta alternativa a la opinión pública y al poder, frente al actual proyecto reformista del Gobierno.
-Proyecto económico social, prioritario en esta etapa de crisis, cuando la actual Administración no parece haber elaborado una política económica de conjunto.
-Establecimiento de unas normas provisionales para los problemas específicos de Cataluña y el País Vasco.
También se considera la posibilidad de que Coordinación Democrática cambie su actual estructura y se transforme en un nuevo organismo, en el que el ala derecha de las fuerzas democráticas quedara considerablemente ampliada por la incorporación de varios sectores políticos (liberales, regionalistas) y algunos grupos empresariales.
