Se agrava el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición

La reunión de gobernadores civiles celebrada anteayer en Madrid ha confirmado la línea restrictiva del nuevo Gobierno, respecto a los partidos no legalizados, tras el fracaso de las conversaciones con algunos representantes de la oposición democrática.

Fuentes próximas al Movimiento resumen los acuerdos tomados por los gobernadores en dos Grupos de medldas: las primeras, encaminadas a la preparación del referéndum (que podría celebrarse hacia diciembre) y de las elecciones e para las nuevas Cortes, que se aplazarían hasta el mes de abril, las segundas, para reducir a unos límites exiguos la aparición de los partidos de oposición, así como sus líderes y siglas. Los partidos que no hubieran aceptado la inscripción, E según las actuales normas asociativas, verían reducido al mínimo su margen de actividad, puesto que se declararían pura y simplemente ilegales.Los gobernadores llegaron, según indican las mismas fuentes, a unos criterios más o menos comunes, según los cuales un 66 por 100 de la población española podría seguir respondiendo a los esquemas del franquismo. reformado ahora con las innovaciones constitucionales propuestas por el Gobierno Suárez. La posibilidad de que ese porcentaje fuera alto en las provincias, rurales y más difícil de ( alcanzar en las grandes concentraciones industriales, no fue materia debatida, pues la apreciación sobre la intención de voto de los españoles no está basada en prospecciones sistemáticas, sino en estimaciones poco articuladas.

Esta mayoría esperada podría ser reforzada por la acción política planificada en la reunión de ayer y otras sucesivas, que ayudarían a establecer una estrategia conjunta de cara al primer proceso electoral que pueda contemplar el país desde la desaparición de Franco.

Nuevas posiciones en el interior del Gobierno Sin relación directa con este proyecto, pero incidiendo en la evolución, política general, otras fuentes solventes señalan una nueva situación en el interior del nuevo Gobierno. Según esas informaciones, podría estar produciéndose en estos días una vinculación más estrecha entre los sectores tecnocráticos y falangistas del Gabinete, que presionarían sobre el grupo de ministros del ala más liberal, los propagandistas católicos; éstos perderían influencia y peso en el conjunto gubernamental, en favor de las áreas próximas a los departamentos de Gobernación y Secretaría General. Son estos Ministerios los que, por su naturaleza política, dirigirían el proceso electoral, del que depende la estrategia de reformas del actual Gobierno. Por su parte, la recuperación de posiciones por parte del sector tecnocrático tiene un símbolo claro en la designación del nuevo gobernador del Banco de España, señor López de Letona.

Distintas fuentes coinciden en que el Gobierno intenta ultimar en estos días la línea general de la reforma constitucional. Se trata de regresar a una transformación de la Ley Orgánica del Estado, que debería obtener la aprobación de dos tercios de las Cortes y del Consejo Nacional, para pasar posteriormente al refrendo popular. El referéndum, de acuerdo con este calendario. no podría celebrarse antes del fin del otoño. Esta consulta podría tener un carácter no excesivamente opuesto a la del referéndum de 1966, en el que no se admitió propaganda que no fuera favorable al «sí», ni se autorizó la presencia de formaciones políticas no oficiales. Las preguntas contenidas en la consulta podrían referirse a tres materias, según informaciones últimas: bicameralismo libertad sindical y tribunal de garantías constitucionales. Diversos sectores oficiales considerarían que un resultado favorable en el referéndum no sólo reforzaría a la Corona, sino que legitimaria al actual Gobierno para redactar una constitución otorgada desde el poder y articulada después de la consulta popular. Esa deseada mayoría reformista-franquista -que otros medios ofi-

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