El Gobierno

«La ruptura está hecha. La hizo el Gobierno con su declaración programática». Si no fuera un ministro de quien tuve que oír semejante tesis, no la hubiera prestado atención probablemente. Para que yo no dudara de su aserto mi interpelante subrayó: «Este es, de hecho, un Período constituyente, se llame como se llame. Y las Cortes que se elijan tendrán ese carácter indudable». Dos días antes, o dos días después, un colega suyo en el Gabinete aclaraba: «Se hará todo lo que se quiera hacer, pero desde la legalidad. Aún para ser desmontado, el franquismo debe usar métodos franquistas». Ha terminado la tregua del verano, paréntesis consciente en la ebullición política. La tregua no la dieron ni el Gobierno ni la oposición, sino los españoles. Regresan hoy a casa con la convicción de que en los próximos meses han de vivir jornadas históricas para su país. Contemplan absortos el festival de opciones que se les ofrecen a uno y otro lado de la política y las comparan con las realidades que les rodean: la gasolina ha subido, la inflación sigue siendo preocupante, y hay señales de alerta de que el país amenaza ruina. No se exagera al decir esto: el fisco está haciendo desesperados esfuerzos para cubrir el déficit del Tesoro, que hubiera podido llegar a los cientos ochenta mil millones de pesetas. La cifra de parados puede ser el millón en muy poco tiempo. La Bolsa baja y la inversión sigue recelosa. El otoño caliente, más que una profecía, es una necesidad. Mientras, los Gobiernos europeos no nos quitan el ojo de encima. Puede decirse que no hay un solo frente de la política española que funcione normalmente. Para arreglar una situación así hay un Gobierno monocolor, de gentes con cierta experiencia de la Administración, pero con una vivencia política de colegio mayor. ¿Es este el Gabinete que puede inspirar confianza a los españoles?

Dos meses después de su toma de posesión, el equipo Suárez se repliega aparentemente a posiciones similares a las que ocupara el Gobierno Arias cuando fue destituido. La táctica seguida o la situación creada es paradójicamente casi la misma: la expectativa de las grandes promesas que no terminan de cumplirse. La credibilidad del Gobierno, muy baja de salida porque era un Gabinete de desconocidos que llegaban al poder un poco de carambola y en medio de una tormenta de presiones, subió enormemente con su declaración programática. Por un momento los ministros quitaron la iniciativa del cambio político a los líderes de la oposición. Desde entonces, la amnistía, la soberanía del pueblo, los derechos humanos, las libertades individuales, no podían ser esgrimidas como reivindicaciones de la calle, pues habían sido reconocidas y otorgadas por el Poder. Los hechos moderaron esta primera impresión.

La amnistía se dio cautamente y no sin tensiones. Pero lo peor no fue el decreto, aceptable en suma, aunque no resuelva problemas tan graves como el de los presos vascos; lo peor ha sido la forma de aplicarlo: hemos visto una administración llena de burocracia, lenta de decisiones, en la que no pocos funcionarios se comportaban como si la libración de órdenes de libertad y la anulación de antecedentes se hiciera a las malas con retrasos y obstaculizaciones de todo género. De esta manera, la medida más inmediatamente popular de las tomadas por la Corona se ha visto desfigurada y minimizada por la actitud de pequeñas gentes. El Gobierno, no otro, es el responsable.

El diálogo con la oposición se inició, desde luego. Hablar con la izquierda significa, al menos, una cierta capacidad de realismo: nada válido se puede construir hoy en España sin contar con las fuerzas políticas democráticas que se opusieron al franquismo. Esta constatación debe ser dolorosa para un equipo gubernamental formado por hombres del Régimen que, lógicamente, aspiran a perpetuarse siquiera algunos años en el Poder. Pero dialogar con la oposición no es ni siquiera negociar con ella. Todo indica que salvo en el terreno sindical, donde el verticalismo está ya tan dinamitado que sólo queda firmar su acta de defunción, el Poder y las fuerzas democráticas se han iniciado en un diálogo de sordos. El principal punto de disensión no es el problema del partido comunista -cuyo reconocimiento es algo que caerá por su propio peso, según dijo recientemente un ex ministro del primer Gobierno de la Corona-. SI, al final, las próximas Cortes van a ser de hecho constituyentes (van a dar un Régimen nuevo al país), obviamente la cuestión clave es la ley electoral: las normas del juego que van a regir la configuración de esas Cortes. Caso de que el Gobierno acabe aviniéndose a convenir con la oposición el futuro de la organización política del país, lo que está admitiendo es la tesis de la ruptura pactada. Pero si al mismo tiempo que se alinea con ella -como al principio de este artículo digo que aseguraba un ministro- mantiene actitudes de poder directamente ancladas en el autoritarismo, la discusión no avanzará un paso, y la posición de Suárez será nuevamente la de Arias: un reformador franquista que no quiere tampoco reconocer en público lo que todos los españoles se dicen a sí mismos en privado. A saber, que Franco se llevó consigo su régimen a la tumba y el Poder deambula inaprensible tratando de buscar nuevas moradas.

Al final, pues, el Gobierno se encuentra casi en la misma tesitura que hace dos meses sus predecesores, pero cada vez con menos tiempo por delante y con la posibilidad agotada de una crisis ministerial que ayudara a solucionar la cuestión. Empeñarse en hacer pasar la reforma por las Cortes, bajo el pretexto de la legalidad, sigue siendo una manera de ocultar el miedo a las posiciones más reaccionarias de la derecha conservadora. La legalidad, empero, como objetividad política, no existe en este país, pues se ha roto el nudo que la legitimaba. El Régimen nunca existió sino como un conglomerado de intereses y temores apoyados en el vértice de un poder personal. Nadie sinceramente cree que las actuales Instituciones -Cortes, Consejo del Reino, Consejo Nacional- puedan alumbrar nada que valga para el futuro político de España, simplemente porque tampoco lo hicieron en los últimos cuarenta años. Mantener la ficción de que el Poder reside en ellas, cuando está a ojos vista en las fuerzas sociales, en el Ejército, en la Iglesia, en las organizaciones obreras, en el empresariado y el gran capital, en la intelectualidad

crítica, es hacerse el harakiri cerrando los ojos y de espaldas al espejo. Esto lo saben los ministros, o presumen de saberlo: lo saben probablemente el presidente del Gobierno y el propio Rey. Pero falta la decisión de ser consecuentes con el análisis.

Al final, este Gobierno no ha hecho casi nada que no hiciese el otro: cambió el macro-indulto de noviembre, por la mini-amnistía de julio y sacó a los comunistas de la cárcel, ya liberados anteriormente y vueltos a encarcelar por su mismo liberador. Pero no ha avanzado un ápice en la posibilidad de ofrecer a los españoles una solución de Estado a los problemas de su convivencia. Antes bien, se muestra abstruso y un poco boquiabierto con la significación última de lo prometido en su propia declaración programática. Si el Gabinete Suárez opta por cometer los mismos errores que el anterior, y se ampara en las mismas justificaciones -presión de la extrema derecha, esencialmente-, acabará, sin duda como él. Con una sola diferencia: la Corona, que no se vio comprometida en la andadura Arias, sí lo estará en los resultados finales que este Gobierno pueda obtener.

No conviene, sin embargo, desahuciar al Gobierno demasiado pronto. Las dudas que su capacidad merece son parejas a la necesidad de que sus propósitos se cumplan. Suárez no parece el hombre adecuado para traer la democracia ni ha dado, hasta ahora, ninguna muestra específica de que sepa hacerlo. Pero si es capaz de hacer frente al reto del otoño, y superarlo, muchas incógnitas se desvanecerán probablemente y crecerá la confianza de los españoles. De otra forma, difícilmente encontraría en adelante el apoyo popular indispensable para controlar la orientación del cambio político. Y veríamos abrirse una crisis general de sentido y solución inciertos, aunque con un signo inequívoco: la firma del acta de defunción de un Régimen incapaz de responder a los problemas e interrogantes que los españoles tienen ante sí.

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