El ministro de Asuntos Exteriores y el nuncio nombrarán las Comisiones del Concordato

El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el nuncio de Su Santidad en España, monseñor Luigi Dadaglio, serán quienes inviten a las personas representativas para formar parte de las cinco comisiones mixtas para la revisión del Concordato, según han revelado a Europa Press medios cercanos al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estos mismos medios han señalado que los miembros de La Conferencia Episcopal española no participarán directamente en las reuniones, pero sí algunos de sus representantes más cualificados sobre los temas que se abordarán en cada una de estas comisiones.El obispo de Salamanca y presidente de la comisión episcopal de Enseñanza, monseñor Mauro Rubio, participará en la comisión mixta de Enseñanza y asuntos culturales; el arzobispo de Sevilla y presidente de la comisión episcopal de asuntos económicos y jurídicos, cardenal Bueno Monreal, trabajará en las comisiones mixtas dedicadas a los asuntos jurídicos y económicos fiscales y patrimoniales.

Otras partes eclesiásticas que podrán participar serán la Federación-Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), la Confederación Española de Religiosos (CONFER) y los diversos representantes de asociaciones católicas de padres de familia y de padres de alumnos.

Por parte civil, es posible la participación en las diversas comisiones de representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Educación y Hacienda, así como representantes de diversos organismos privados interesados.

No está prevista la próxima venida de ningún destacado miembro de la Curia vaticana para participar en la comisiones, dado que las conclusiones de estos trabajos serán remitidas a la vez al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Nunciatura apostólica, para el conocimiento y estudio por parte del Gobierno español y la Santa Sede.

Finalmente, estos medios han indicado a Europa Press que el tema de la confesionalidad del Estado no puede ser tratada en las comisiones que analizan la revisión del Concordato, puesto que este punto forma parte de las Leyes Fundamentales y, por tanto, debe ser estudiado por las Cortes y el mismo Gobierno.