Antes y después de la amnistía

Ya está en la calle el decreto de indulto con título de amnistía. El que se encabece un texto legal con una expresión que era delito hace tres semanas, es una victoria democrática. Ahora, para que la amnistía sea realidad, falta que sea total, es decir, que abarque a los vascos, a los militares demócratas y a que haya una amnistía laboral, que se supriman los tribunales especiales y, sobre todo, que la administración de justicia sea única e independiente, con una sumisión de la policía gubernativa a la acción de la misma.La lúgubre sinfonía de explosiones que siguió a la declaración del Gobierno Suárez, y que se ha repetido después en circunstancias aún menos claras, viene a añadir importancia a este objetivo. En efecto, estos extraños y precisos atentados han sido seguidos de sensacionales revelaciones de la Dirección General de Seguridad, que vienen a añadirse a las ya aparecidas tras el atentado a Carrero, a los hechos de la calle del Correo, a los hechos del 1º de octubre... y a otros tantos sumarios que se han acumulado sin resolución. De ellos sólo quedan fotos de los presuntos autores, en su casi totalidad desmentidas o no confirmadas, sin que se llegue a saber lo ocurrido en estos casos.

Sin embargo, conocemos los resultados del manejo de la estrategia de la tensión: la creación de una situación política electrizada. de tensión y violencia, buscando la desmovilización y la paralización de la oposición democrática y la legitimación por el miedo.

El péndulo infernal

En la historia reciente, la que no nos gusta recordar, hemos vivido varias veces situaciones de este tipo. En la medida en que la sociedad española se ha ido recuperando del trauma de la guerra civil y ha mostrado su vitalidad y su fuerza. sus profundas aspiraciones democráticas, el proceso se ha ido repitiendo de manera pendular y cada vez con menor lapso de tiempo. A partir de los movimientos huelguísticos y estudiantiles de 1956. que marcan la aparición en escena de las generaciones que no habían participado de modo activo en la guerra civil, se produce la primera apertura, la económica, en 1959. En el plano político, fue la política de liberalización, con la ley de prensa. Su fin fueron la cadena de estados de excepción que, de medidas provinciales, pasaron a extenderse a todo el territorio del Estado, como medio de contener la presión democrática, concretada en manifestaciones y huelgas pacíficas. El punto culminante de esta situación fue el proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Tras un nuevo relanzamiento del asociacionismo, llegamos a diciembre de 1973, seguido del «espíritu del 12 de febrero». El desenlace de esta etapa fue el dramático verano de 1975, con el decreto-ley antiterrorista y las cinco ejecuciones de septiembre. Oscilaciones pendulares que, surgidas de la esperanza de una ruptura pacífica con el régimen autocrático, han puesto repetidamente de relieve la ineficacia del poder y la necesidad por parte de éste, para mantenerse, de recurrir a respuestas desproporcionadas.

La estrategia de la tensión ha sido. pues, una constante. Primero, justificando la permanente suspensión de las garantías constitucionales, acompañado de una constante dramatización para justificar la represión, asimilando oposición y subversión. Política de nacionalismo a ultranza, que no ha obstado para que se vendan sectores clave del aparato industrial del país y a que se produzcan graves hipotecas de la soberanía nacional.

Frente a esta estrategia, la opción de la oposición ha sido clara: hacer de la lucha pacífica y democrática una línea básica y constante, respondiendo a una profunda aspiración de reconciliación y de búsqueda de tina convivencia civil y democrática. Frente a la dramatización y la provocación elevadas a la categoría de razones de Estado, manejadas y con un control total de los medios de difusión, la lucha por la democracia ha impuesto sus principios. Hoy, el Gobierno y el poder tienen que pronunciarse sobre las propuestas de la oposición: amnistía, libertades, elecciones... No se puede volver ya al chivo expiatorio de la subversión y la anti-España.

Sin embargo. para los grupos de presión y de poder cuya supervivencia depende de modo directo de la pervivencia de la actual estructura política, e incluso para una estrategia internacional de mantenimiento del actual «status quo», sí tiene interés provocar una situación de inseguridad y de vuelta al pasado, de inestabilidad social y de clima de guerra civil. Se trata de frenar todo proceso democrático, tratando de reavivar, por otros medios, la desconfianza en un sistema político contra el que tanto se ha denostado.

Una negociación pública y responsable

Por primera vez, se busca superar la dialéctica violencia-represión. El Gobierno se ha emplazado a ello. Hasta el momento, con declaraciones de intención, que han sido respondidas de un modo claro por la oposición. El fallido intento reformista, de dividir y digerir, con el obligado paso por la ventanilla como certificación de libertad vigilada, ha fracasado.

La única vía abierta ahora es la negociación con garantías públicas. Una fundamental es el mantenimiento del orden público, que es cosa muy distinta de la administración discrecional e irresponsable

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del ejercicio de los derechos ciudadanos elementales. Con sus limitados medios. partiendo de organizaciones clandestinas, la orzanización y el desarrollo de las manifestaciones públicas en los últimos meses han demostrado cumplidamente el grado de disciplina Y autocontrol popular. en una experiencia que ha sido la primera participación en la vida pública para cientos de miles de ciudadanos. No cabe decir lo mismo de los desproporcionados medios empleados en la disuasión y en la represión.

No hay igualdad ante la ley

Y un punto esencial de la democracia y del orden. la igualdad ante la Ley no se cumple. Mientras que se exhibe una total dureza hacia las manifestaciones no autorizadas, hay hechos que quedan en la más completa impunidad. Para que no sea así. el asesinato de Santurce, los Montejurra, forman parte de una cadena de hechos que deben ser descubiertos y aclarados. El medio básico para ello es disponer de, una justicia independiente, cuyo papel es esencial en el esclarecimiento de estos casos, como ha puesto de relieve la investigación sobre las explosiones de la Banca de l'Agricultura en ltalia. La independencia de la justicia, la supresión de las jurisdicciones especiales v el sometimiento de la policía gubernati,va a la autoridad judicial son elementos básicos para la seguridad jurídica que es el fundamento de una sociedad democrática.

Las provocaciones no van a faltar, porque hay grupos de poder que no están dispuestos a aceptar una sociedad democrática. Las acciones de choque que creen un clima de intranquilidad pueden acelerar la deterioración de una difícil situación económica y social. buscando la inhibición de la oposición y el miedo general. La respuesta no ha de venir por las sensacionales revelaciones que no acaban concretándose en nada real sino el establecimiento de la igualdad de los ciudadanos ante la Iey con la sumisión de tantos casos misteriosos ante una justicia democrática e independiente del poder ejecutivo.

El Gobierno como primer responsable del orden público, debiera ser el primer interesado en que haya claridad en este terreno para hacer realidad sus buenos deseos.