Entrevista:

La gratuidad de la enseñanza no debe establecerse de forma generalizada

Los trabajos que viene, realizando la Comisión para la evaluación de la Ley General de Educación -en avanzado estado- concluirán el próximo día 15 de septiembre. Entre los más importantes puntos de trabajo realizados destacan la gratuidad, el profesorado y la administración de la enseñanza. La Comisión que preside el catedrático de Derecho del Trabajo y ex ministro, Fernando Suárez, cuenta con diversas personalidades estrechamente vinculadas a los problemas educativos, tales como el señor González-Parámo, quien ha hecho para EL PAÍS un avance sobre las deliberaciones.

La gratuidad afecta a millones de niños en la Enseñanza General Básica y en la Formación Profesional de primer grado. Hoy, como entonces, criterios contrapuestos perturban una solución. José Manuel González-Páramo -director general de dicha comisión, que preside el señor Suárez- ha hecho para EL PAÍS las siguientes declaraciones:-Pienso que la gratuidad es un logro social, pero tengo mis dudas respecto a que lo sea la gratuidad obligatoria respecto a los padres que pueden pagar. La gratuidad -no totalitaria- suele referirse solamente a aquellas familias o chicos que la necesitan o desean. Tanto la persona como la familia, por lo que concierne a la educación, tiene la responsabilidad de hacerse a sí misma.

-Los sistemas educativos tienen siempre la misión de impedir que los talentos se malogren por falta de medios económicos, así como proporcionar los medios educativos a los talentos superiores. ¿Son salvables ciertas diferencias naturales y sociales por una igualación «mecánico-económica»?

-Esas diferencias no son nunca salvables por esa igualación -por otra parte injusta- del sistema educativo. Es oportuno no olvidar tampoco el riesgo de la estatalización, implícito el planteamiento de la ley en esta. cuestión, porque si en materia de programas, de profesores, de admisión de alumnos y de precios, es escaso el margen para la libre iniciativa, puede convertirse a la sociedad, a la que la educación debe servir, en un instrumento, más que en el destinatario del sistema educativo.

Desigualdad

-¿Podría producirse también la desigualdad si la calidad de la enseñanza no fuese adecuada?-Sin duda alguna. Las desigualdades artificiales se irán atemporando a medida que la enseñanza gratuita (sea pública a concertada con el sector privado) alcance los niveles adecuados. Conviene no olvidar tampoco, que cierta competencia y la leal cooperación del sector público y privado puede producir relevantes servicios al interés general.

-Aludió usted a que la situación en que la ley se dicta es muy distinta a la situación política que vivimos ahora...

-Quiero, hacer constar previamente, que las opiniones que aquí estoy vertiendo, pueden coincidir, no coincidir, o coincidir en parte con los juicios finales de la Comisión de Evaluación, por otra parte, opiniones fundadas, pero personales, en respuesta a las preguntas que entiendo formuladas a mí como experto, y no a mí como director general.

Dicho esto, pienso que la ley de Educación se dicta en un momento en que se percibe una Europa política en marcha y una extensión espectacular del sistema capitalista occidental. Esto engendró la creencia de que tanto la estructura económica de nuestro país, como la social y la cultural, iban a acercarse progresivamente al ideal occidental de una educación como elemento mágico de promoción, de consumo y de status que hay que «facilitar». (Se confundió después la facilitación de la oportunidad con el resultado fácil.) Vivimos entonces la llegada a un 7,8 en el incremento del producto nacional bruto. La educación -se pensaba entonces- debe responder a los requerimientos adecuativos derivados de la necesidad de proseguir nuestra modernización y prosperidad.

«Se prevé en 1970 la continuidad del ritmo de desarrollo en un modelo de industrialización consumista. Las circunstancias han cambiado y hoy puede apreciarse que no se tuvo suficientemente en cuenta la dinámica de las nuevas generaciones, la concentración urbana producida tumultuosamente y desordenada, la nueva actitud de la Iglesia después del Concilio Vaticano, la actitud crítica ante el sistema político de gran parte de intelectuales y estudiantes, y el cambio producido en los sectores del mundo de los negocios y de la economía mundial, en una crisis general que nos afecta particularmente y que hará pensar en una solución más sensata al tema de la gratuidad.»

«En estos momentos «se sabe» ya que vamos a hacer una democracia que figura en el programa del segundo Gobierno de la Monarquía. El cambio hacia la democracia crea siempre una serie de arduos problemas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0011, 11 de agosto de 1976.

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