Los vecinos de Peña Chica, contra la división del barrio

Doscientas familias del barrio de Peña Chica dirigieron hace unos días un informe al gerente municipal de Urbanismo y al arquitecto jefe de la Gerencia para explicar al organismo municipal la situación de una zona en la que confluyen una serie de intereses inmobiliarios con la lucha que los firmantes vienen manteniendo desde hace cuarenta años.

Según los vecinos, el principal problema con el que se encuentra el barrio se centra en la repartición existente de la zona al haber quedado dividido en dos Juntas de Compensación, que afectan a los polígonos 22 y 23, y una parte del terreno que se expropiaría por el Ministerio de Obras Públicas para la realización del cuarto cinturón de Madrid.El barrio, fundado hace 40 años, comenzó sus problemas cuando fue incorporado al término municipal de Fuencarral y quedó bajo el Plan Veguilla Valdezarza Vertedero. En un informe social que un grupo de vecinos realizó posteriormente se protestó por la situación que resultaba de la aplicación de este Plan. Según el informe, el Plan había sido realizado sin tener en cuenta a los vecinos y las edificaciones existentes. De esa forma, opinaban, «los vecinos somos entregados a las inmobiliarias a través de las Juntas de Compensación».

Estas inmobiliarias a las que se refieren son: Azagra, SA y Cooperativa San Enrique que poseen en la actualidad un 60 por 100 de los polígonos a través de la compra de terreno a los antiguos propietarios. Con la creación de las Juntas de Compensación los 200 propietarios que quedan en la sona son minoría frente a las decisiones que tomen las empresas constructoras.

Estas, que comenzaron inmediatamente la construcción de viviendas «han destrozado el barrio» ,a juicio de los vecinos que además acusan a las empresas de haber realizado la construcción de viviendas sin licencias.

El resultado de las obras realizadas hasta el momento han hecho protestar repetidas veces a los vecinos: «nos han cerrado caminos naturales; ni los taxis, ni las ambulancias pueden entrar, han aislado nuestras viviendas».

Peligros

Otros problemas con los que se han encontrado los vecinos como consecuencia de las obras de construcción afectan a unos desmontes que suponen un peligro por su proximidad a las viviendas. Este peligro no sólo es físico sino que aprovechando la poca iluminación existente se han dado ya varios robos y agresiones contra los pequeños propietarios. El último de ellos fue ayer, en la calle Villaamil.

La falta de transportes en la zona se hace más evidente ante la carencia absoluta de escuelas, institutos, centros de Formación Profesional, o ambulatorios, razón por la que diariamente los vecinos deben recorrer los descampados que rodean el barrio con grave peligro para su integridad física. Ante esta situación y a petición del secretario del director general de la Vivienda, se realizó una encuesta entre los vecinos para ver las posibles soluciones. El resultado de la misma así como todos los trámites realizados durante los tres últimos años han sido totalmente nulos, «estamos hartos de buenas palabras y de la falta de decisiones que nos permiten dormir tranquilos».

Las peticiones de los vecinos se centran en la paralización de las obras iniciadas y suspensión de las licencias concedidas o a punto de concederse hasta que no se haya llegado a un acuerdo entre todos los afectados; creación de una Comisión mixta (vecinos, inmobiliaria, Gerencia) que estudie la modificación del Plan; la petición al Ministerio de la Vivienda para que promueva viviendas sociales en los 10.500 metros cuadrados que los pequeños propietarios pueden ofrecer al organismo estatal y la solicitud de sanciones ejemplares para las ilegalidades de las inmobiliarias. «Los vecinos estamos dispuestos a defender nuestros derechos. No estamos dispuestos a ser carne de la especulación».