Varias asociaciones, llamadas para tratar de su legalización

Varias asociaciones de vecinos, entre las que se encuentran las de La Elipa y Villaverde Este, fueron llamadas durante este mes a las comisarías de sus respectivos distritos, para tratar de su posible legalización en caso de que cumpliesen ciertos requisitos. Estos irían desde el cambio del nombre hasta la negación del voto para los socios extraordinarios o adherentes.Las propuestas, que están en estudio de las asociaciones llamadas, han sido vistas en principio como condicionamientos extraños e innecesarios para la constitución legal de los organismos vecinales, ya que la ley de Asociaciones de 1964, a la que se acogen los vecinos, no da ninguna norma sobre el nombre de la asociación o sobre el motivo de que sólo los socios ordinarios puedan votar en las asambleas.

Sobre los puntos que, a nivel personal, fueron comunicados a los representantes de las asociaciones asistentes a las reuniones en las comisarías de policía, los vecinos de La Elipa y Villaverde Este dicen «que hay mucho que hablar».

El cambio del nombre lo tendrían que poner aquellas asociaciones que estén situadas en barrios grandes, «para que así hubiera una mejor repartición del barrio entre varias entidades de vecinos». El nombre sería el de un santo, seguido de la denominación del barrio. Otro de los puntos aconsejados para la legalización sería el de celebrar solamente una asamblea ordinaria, frente a las tres que ahora celebran las asociaciones legalizadas, siendo el resto de las asambleas de carácter extraordinario. «Es un intento de dividir al barrio y al movimiento ciudadano de Madrid», comunicaron a EL PAIS dos vocales de las asociaciones antes citadas.

Según informaron estos vocales, «es necesario una unificación de criterios, ya que hasta el momento han sido llamadas ocho asociaciones, a las que más o menos se les solicita los mismos cambios».

El resto de las propuestas excluirían a los comerciantes y profesionales liberales que cooperasen con el movimiento vecinal, al perder el voto; las asociaciones tendrían que poner el capital social entre los datos solicitados y otra serie de puntos a los que los vecinos se niegan, al mismo tiempo que hacen patente la necesidad de una respuesta única. «Consideramos que estos ofrecimientos y el que se trate con unas asociaciones y no con todas, aumenta la arbitrariedad existente por parte de la Administración hacia las asociaciones de vecinos». «Nos han dado tres meses para responder, pero son los vecinos y, en general, todo el movimiento ciudadano el que debe dar una respuesta clara a estas propuestas, realizadas, además, de una forma extraoficial».