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Editorial:

Luz, taquígrafos y contables

HAY AFIRMACIONES que merecen la aceptación general.Cuando el señor Girón de Velasco dice que «aquí han pasado muchas cosas y todavía tienen que pasar muchas más», no se puede por menos de admirar la sabiduría campesina que empapa la sentencia; y cuando el marqués de Villaverde declara a la revista Blanco y Negro (núm 3.346) que «la sociedad no está compuesta de ángeles y personas purísimas» y que «al lado de gentes honradas hay otras que no lo son», no cabe sino mostrarse conforme con el desengañado pero lúcido aserto.

El manejo de los fondos del Estado siempre ha tenido muy mala prensa en este terreno. La frase de lord Acton es ya clásica: el poder corrompe siempre, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Algunos gobernantes, y en no pocos países, son como el rey Midas: convierten en oro todo cuanto tocan y lo ingresan después en su cuenta corriente. El prestigioso cirujano, ya citado, también admite la existencia de esta ley de hierro que transforma a los servidores de la cosa pública en sus dueños o usufructuarios: «La corrupción es un mal progresivo en la sociedad actual y a nivel universal». Ni siquiera España se salva de ese inevitable componente de la vida social: «Sencillamente, España no es un hecho aislado».

Sin embargo, ya no resulta tan fácil mostrarse de acuerdo con otras afirmaciones del popular cardiólogo. En su opinión, en nuestro país, «las cosas mal hechas por determinadas personas han estado al alcance e información de la gente». Una prensa sometida a la censura previa desde 1936 a 1966 ¿estaba en condiciones de poner en conocimiento de sus lectores las irregularidades en la administración de la cosa pública y los abusos cometidos por sus gestores? Y aun después de la promulgación de la ley de Prensa, ¿es seguro que se podrá publicar, sin sobresaltos, la lista de funcionarios españoles implicados en el escándalo de la Lockheed? Imaginemos que este periódico solicitara de sus lectores el envío de información veraz y detallada sobre los casos en los que el disfrute del poder (o su cercanía) ha permitido a sus titulares (o allegados) diversas formas de enriquecimiento, desde las estrictamente delictivas, como el cohecho o la evasión de capitales, hasta comportamientos prevaricadores, tales como el nepotismo, al conceder permisos de importación o contratas, la aceptación de regalos a cambio de favores o la filtración de datos confidenciales para realizar operaciones de especulación inmobiliaria. Sigamos imaginando que esta información, después de cribada y analizada, se publica. ¿No recurrirán los interesados a los tribunales, acusando al periódico de injurias y calumnias, pese a que la información sea correcta?

Siempre queda, claro está, la posibilidad de adelantarse en la acción penal e interponerla contra los corrompidos; en este caso no serían los periodistas, sino los jueces, los destinatarios de las pruebas. Ciertamente, esa vía limita considerablemente el campo de la denuncia, ya que los tribunales sólo pueden conocer de los hechos propiamente penales y no tienen competencia sobre los abusos e indelicadezas.

Don Antonio Maura pidió, en una ocasión, «luz y taquígrafos» para el ejercicio del poder público; en nuestros tiempos tenemos que solicitar, además, auditores contables. Todo el mundo ganaría con un control más eficaz y una mayor información sobre la corrupción: los gobernantes honrados quedarían a salvo de la calumnia y del rumor, los menos escrupulosos se lo pensarían dos veces antes de ceder a la tentación y los ciudadanos se sentirían más tranquilos respecto al destino de sus impuestos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de julio de 1976