Denuncian la situación en las prisiones

Un grupo de familiares de presos políticos vascos ha dirigido al Rey don Juan Carlos un escrito avalado por 76 firmas en el que piden «amnistía para todos los presos y exiliados por motivos de intencionalidad política, incluyendo a los que la legislación actual califica de terroristas». En tanto no sea concedida dicha amnistía, los firmantes solicitan un trato más humano en las cárceles y el traslado inmediato de todos los presos políticos a una prisión próxima a los lugares de residencia de sus respectivas familias.Esta carta fue remitida al Rey hace dos semanas. En uno de sus primeros párrafos señalan que, en contra de sus esperanzas, el trato en las cárceles ha empeorado durante los últimos meses.

Resaltan los familiares el silencio con que los organismo oficiales han recibido hasta hora las quejas presentadas por esta situación sin que hayan obtenido otra respuesta que la de que se le daría el curso oportuno.

El testimonio de los familiares se ve respaldado por múltiples informes de abogados que ven entorpecida su labor de defensa, hasta el punto de que en alguna prisión les llegaron a pedir que espaciasen sus visitas por las dificultades que se les presentaban después de cada entrevista.

«Nos llevan a estas consideraciones -dicen los familiares de los presos- los constantes castigos, cacheos y privaciones que se les imponen por la rígida aplicación de un reglamento ya excesivamente riguroso, así como la constante tensión psíquica a que se ven sometidos por el mismo motivo, lo que queda demostrado por el preocupante consumo de tranquilizantes.»

Señalan también que sanciones ininterrumpidas de 120 e incluso hasta 300 días de aislamiento, en una celda de tres metros por dos, constituyen hechos recientes en prisiones como la de Puerto de Santa María, donde se encuentran internados 22 vascos. Los familiares llaman la atención acerca de los trastornos psíquicos que pueden derivarse de tales condiciones de aislamiento.

Los testimonios se encadenan hasta configurar todo un mapa de las prisiones más duras del país. Un primer puesto estaría ocupado, según abogados y familiares, por los penales de Puerto de Santa María, Burgos, Ocaña, Cartagena y Zamora.

Además del creciente empeoramiento de la situación carcelaria, se destaca una vez más la disgregación de los presos políticos en prisiones que llegan a estar alejadas hasta mil kilómetros, caso de Puerto de Santa María, de los lugares de residencia de sus familiares, lo que obliga a espaciar las visitas.

En segundo término, los familiares denuncian la dificultad de comunicarse con los presos en sus visitas o por carta, ya por la permanente vigilancia de los funcionarios, la fuerte censura sobre cualquier comunicación escrita o por la imposibilidad de emplear el euskera, que para algunos es su único idioma.

Otra forma de aislamiento constituye la rigurosa censura sobre publicaciones de curso legal y las dificultades, ya denunciadas, con que se enfrentan los abogados para entrevistarse con sus patrocinados.

Todos estos rasgos configuran una situación que se califica de insostenible, al tiempo que se reclama un trato digno, sin que nuevos castigos se añadan a la pena principal de privación de libertad.