Vecinos de Móstoles se niegan a pagar el asfaltado de sus calles

Las comunidades de propietarios de varias calles de Móstoles recibieron hace tiempo una comunicación del Ayuntamiento en el que se les apremiaba a pagar el asfalto de las calles en que habitan como contribuciones especiales. Los vecinos se han negado a pagar por estimar que esas cantidades debe pagarlas el Ayuntamiento y, en un informe sobre el tema, exponen los motivos que les conduce a tomar esta determinación.

La Asociación General de la Familia de Móstoles envió hace tiempo una carta al Gobernador Civil de la provincia en la que exponía sus puntos de vista sobre las enormes cantidades que, según este régimen de contribuciones especiales, debería pagar cada vecino de las calles afectadas. Desde entonces no se ha resuelto nada.«El enorme volumen de edificaciones que se produce en las zonas periféricas, dicen los vecinos, a las que se ven prácticamente obligados a elegir como lugar de residencia, hace que se produzcan muchas situaciones totalmente alejadas de la legalidad. «Está escrito en las leyes que cualquier propietario de solares urbanos que vayan a ser edificados, debe urbanizar los mismos, es decir, todo aquello que le corresponde y sin erribargo las empresas constructoras obran, en el caso que nos ocupa y preocupa, con una impunidad asombrosa, edificando bloques de viviendas limpios de aceras, alumbrado y calles».

Responsabilizan al Ayuntamiento

El pueblo de Móstoles, al igual que muchos otros pueblos denominados como «dormitorios», sufren las consecuencias del agobio periférico, con un volumen de asentamiento muy superior al de adecuación de servicios. Las empresas constructoras te rminan la estructura básica de los bloques de pisos y desatienden la urbanización de las calles que les corresponden.«El Ayuntamiento de Móstoles es el único responsable de la situación al conceder licencias de obras y no exigir el cumplimiento de la normativa vigente en materia urbanística a las empresas constructoras. Las calles, abandonadas por las empresas han sido asfaltadas por el Ayuntamiento, años después en ocasiones, exigiendo ahora el pago de las mismas, por medio de contribuciones especiales, a los vecinos que compraron las viviendas.

En alguna ocasión los vecinos han recibido notificación de apremio de pago por vía ejecutiva. La Asociación Familiar estima que es necesaria una comunicación previa de período voluntario antes de pasar a la vía ejecutiva; por ello opinan que, además de la ilegalidad de estas notificaciones, los requerimientos que se han hecho a las comunidades presentan unas flagrantes anomalías de forma.

El informe elaborado por la Asociación sobre la situación en que se encuentran las comunidades de propietarios llamadas a pagar el asfalto de sus calles, se compone de cinco puntos en los que se dice:

-Se han remitido a algunas emnes en periodo voluntario a nombre de las comunidades de vecinos y no a las empresas constructoras que figuran en el registro de la propiedad como propietarios del suelo urbano.

-Se han remitido a algunas empresas constructoras notificaciones en período ejecutivo, a pesar de estar las mismas a nombre de las comunidades. A juicio de esta asociación familiar es algo totalmente fuera de la legalidad y de la normativa vigente.

-Se han embargado a las constructoras los bienes inmuebles, sin considerar antes la existencia de bienes muebles.

-Los bienes inmuebles embargados pertenecen a los vecinos, por haber sido vendidos en su día por las constructoras.

-Hay tres pisos embargados, pertenecientes a tres portales, solo une, de los cuales está afectado por las obras del asfaltado. Los otros dos pertenecen a una calle sin pavimentar.

Antecedentes

En el año 1974 se intentó cobrar por vía ejecutiva a la comunidad de vecinos de la calle Barcelona número 4. En aquella ocasión y en una entrevista mantenida con el anterior alcalde de Móstoles, y miembro de la asociación familiar, se comprobó que no eran los vecinos, quienes tenían que pagar.«No comprendemos cómo a los dos años se remiten de nuevo a dicha comunidad las notificaciones por el mismo sistema», dice el informe de la Asociación, que termina: «Creemos que ni las amenazas ni los embargos ilegales que se han producido van a hacer pagar a los vecinos afectados, que son trabajadores dependientes de un corto salario, una enorme cantidad que no les corresponde abonar. Una cosa son los impuestos por el arreglo y mantenimiento de viales y otra muy distinta que se exija siempre al más débil el pago de unos asfaltados de primera instancia. La Asociación Familiar de Móstoles no comprende cómo el Ayuntamiento, que se mantiene económicamente con la aportación de los contribuyentes, contrata los servicios de un abogado cuyos honorarios salen del municipio y su actuación está claramente orientada en contra de los ciudadanos. Pensamos que un Ayuntamiento democrático tendrá problemas, pero cuestiones como estas, no.»