Después de las elecciones generales habrá una segunda fase de refoma constitucional

El Gobierno no tenía miedo a la derrota en el reciente debate en las Cortes sobre la ley de asociaciones y sobre la reforma del Código Penal, según ha podido saber EL PAÍS en fuentes oficiosas. El debate, según dichas fuentes, ha sido un test muy importante para saber la actitud de las Cortes sobre los partidos políticos, cuya legalización implica una sustancial reforma constitucional.Las mismas fuentes explican la retirada del proyecto de reforma del Código Penal en las Cortes el pasado día 9 como producto de la confusión que se originó en el hemiciclo en relación con el texto presentado como consecuencia de la falta de claridad de la propia Comisión y del enmendante. Otro de los motivos que contribuyeron a añadir confusión y nerviosismo fue la noticia del atentado contra el jefe local del Movimiento de Basauri.

Una vez retirado el proyecto y devuelto a la Comisión de Justicia, ésta reelaborará y fijará un nuevo Pleno para dentro de seis u ocho días con el fin de someter a votación el texto. Las mismas fuentes consideran que la reforma constitucional emprendida es irreversible y es seguro que el actual Gobierno perdure por lo menos hasta las elecciones generales, que podrían convocarse para mediados del año 1977. Estas elecciones, según las mismas fuentes, serían la culminación de lo que podría denominarse primera fase de la reforma.

A partir de las elecciones generales, según las mismas fuentes, es posible prever una segunda fase de reformas para adaptar la legalidad constitucional a la nueva realidad que entrañaría la victoria electoral de un partido determinado. En caso de que esta realidad se produzca, es lógico, según las citadas fuentes, que el jefe de Gobierno cuente de una forma u otra con el apoyo del partido ganador de las elecciones, lo que exigiría la puesta en marcha de la citada segunda fase de reformas constitucionales, entre ellas seguramente la del Consejo del Reino.

Respecto a la legalización del Partido Comunista, el Gobierno, según las fuentes oficiosas consultadas por EL PAÍS, está decidido a que no participe en la primera fase de la reforma constitucional. Sin embargo, considera imprescindible para el éxito de la reforma la participación desde ahora de la izquierda socialista, hasta el punto de que el principal problema que tiene ahora la reforma es el retraimiento de las fuerzas políticas que se agrupan bajo este signo. Sin embargo, no está excluida la presencia legal del Partido Comunista en la segunda fase de la reforma constitucional, después de las elecciones generales previstas a mediados de 1977.