Los partidos políticos

EL DIA 8 de junio, el Pleno de las Cortes debatirá por el procedimiento de urgencia, el proyecto de ley sobre el derecho de asociación política, que es un intento, de legalización de los partidos. El informe elaborado por la Ponencia ha introducido algunas notables mejoras en el proyecto redactado por el Gobierno. A decir verdad, éste no es todavía el texto que debe regir en un Estado democrático de Derecho, sino una disposición de tipo reglamentarista que hace especial hincapié en las atribuciones y facultades de control de la Administración Pública. Pero éstas han quedado a la postre recortadas y se han puesto algunos límites a su utilización.Las asociaciones, que habrán de formular declaración de acatamiento al orden constitucional, nacerán a la vida pública previa autorización del Consejo de Ministros.

Este, no obstante podrá denegarlas y aquí radica el aspecto más restrictivo del proyecto. La autorización previa constituye un requisito incompatible con la auténtica libertad de asociación. Además, al ser asociaciones ilícitas las tipificadas en el Código Penal y al tener el Gobierno la posibilidad de denegar la autorización cuando estime que es ilícita una determinada asociación, resulta que se atribuye al Consejo de Ministros una facultad de interpretación de preceptos penales que sólo a los jueces debe corresponder. También se puede desestimar la solicitud de autorización de un partido en base a la infracción de la propia ley de asociaciones, que exige la sumisión a principios ideológicos concretos.

Los Partidos, tal como los prevé el proyecto de ley, pueden ser suspendidos de uno a tres años o disueltos, según los casos, cuándo sus actividades incurran en la ilicitud prevista en el Código Penal o resulten contrarios a las Leyes Fundamentales o a los principios de soberanía, unidad, integridad e independencia de la Nación. Hay que decir que en este aspecto se han mejorado en parte el proyecto primitivo. En efecto, si bien confiere al Gobierno, la posibilidad de suspender, con carácter provisional, una asociación, se transfiere al Tribunal Supremo la competencia para que, en el plazo máximo de un mes, confirme o revoque dicha suspensión. Además, la facultad de disolver los partidos se sustrae enteramente al Gobierno, quien sólo podrá poner en conocimiento del Supremo los hechos que puedan ser causa de disolución.

En síntesis cabría decir que éste es un proyecto de ley pensado para excluir del juego político tres tipos de partidos: los comunistas los de connotaciones separatistas y los estrictamente subversivos terroristas.

El problema básico desde un punto de vista político se centra en la probable prohibición del partido comunista. Este tema merece una reflexión más pausada, pero anticipemos ahora que cualesquiera que sean las razones que se aleguen para justificar la exclusión del PC del, terreno de juego, su marginación legal constituye a nuestro juicio, un error. La experiencia demuestra que la clandestinidad, además de producir radicalizaciones, es una forma de primar a una organización política fuertemente disciplinada, con medios y capacidad.

La llamada homologación con las democracias europeas se hará además inviable, de seguir en este camino. La situación real de los partidos comunistas italiano y francés no permite abordar la construcción de Europa dando simplemente la espalda a los comunistas.

Es evidente que este periódico, defensor de un concepto democrático y liberal de la existencia, no suscribe por Io mismo las soluciones que los comunistas ofrecen. Pero, habría, que repetir aquí la frase del parlamentario británico que contestaba a su opositor: «No estoy en nada de acuerdo con lo que usted dice, aunque me cortaría la mano derecha con tal de que lo pudiera seguir diciendo aquí..» Al margen de ello es dificil comprender cómo será posible legalizar las Comisiones Obreras por ejemplo, y dejar fuera al PC; y toda reforma sindical creíble pasa inevitablemente por el reconocimiento de las CC.OO. Bien puede decirse en este sentido que la vulnerabilidad de la democracia será directamente proporcional al número de prohibiciones que imponga.