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El ocaso de los gobernadores

El día que a los gobernadores se les acabó el poder para cesar y nombrara los alcaldes, su figura y su función se devaluó en un cincuenta por ciento. Y el día que los gobernadores no puedan prohibir el ejercicio ciudadano del derecho de reunión se producirá la devaluación del otro cincuenta por ciento. La figura del gobernador civil pasará de ser el responsable de una gestión política a la de un simple delegado de orden público.García Hernández comprendió el problema y quiso revisar el Estatuto de gobernadores dándoles nuevas e inmerecidas facultades. Se dice que hay otro proyecto similar que ronda por el Ministerio Fraga. Sería un error llevarlo adelante. Lo que ha ocurrido en Málaga, donde el gobernador ha suspendido al alcalde de Casares porque se permitió criticarlo, es un signo de la dificultad práctica para aceptar las reglas del juego democrático. Y no hay que insistir por esta vía. Lo que hay que hacer es cambiar de camino,

La reciente ley de Reunión y Manifestación puede ser suficiente si los gobernadores civiles no la convierten en el tubo de ensayo de sus manías y simpatías. Con la administración de los derechos y libertades se puede hacer cualquier cosa menos carrera política. La carrera política debe quedar abierta sólo a quienes defienden las libertades.

Por esta razón, para que la ley, y otras que vendrán, no se estrelle contra la rutina de las ponciaturas provinciales, habría que cambiar la concepción de los gobiernos civiles. Bien con la fórmula americana, gobernadores elegidos y responsables ante el pueblo, bien con la fórmula francesa, gobernadores funcionarios, del cuerpo prefectoral, inamovibles, y no sometidos a la disciplina ideológica del ministro de turno, sino, pura y simplemente, a los criterios de la ley.

La ley de Reunión concede demasiadas facultades a los gobernadores. Y es ilógico que si hacen mal uso de ellas no quepa otra vía que la de un recurso contencioso cuyo desenlace nunca podrá ofrecer otra cosa que una lejana reparación moral. Con la particularidad, además, de que una decisión calificada de improcedente, por los Tribunales le puede haber valido al responsable un ascenso político. Las cosas de este país son así. Y caso ha habido en que cuando un gobernador iba a ser procesado por abuso de autoridad se le ha nombrado procurador en Cortes para que se sobreseyera el asunto. La solución actual, por consiguiente, es deplorable. Y, o bien se deja que hable el pueblo, o por lo menos debe existir un expediente funcionarial en el que se puedan consignar como notas desfavorables aquellas arbitrariedades producidas por el deseo de complacer a los ministros antes que amparar el derecho de los ciudadanos.

Toda la filosofía virreinal de los gobernadores civiles está en crisis. Sus poderes se están extinguiendo porque no responden a la necesidad histórica, sino a una simple acumulación de facultades operada por el sistema jerárquico de la dictadura. Los antiguos poncios, hoy, son sólo una sombra de lo que fueron. Y el futuro no debe ir por el reforzamiento de sus atribuciones, sino por el fortalecimiento de la Presidencia de la Diputación o del organismo regional que corresponda.

Que se diga con razón en las Cortes: «El gobernador ha presumido, el acto se ha suspendido», es un eco anacrónico que no se debería escuchar en la España de hoy. Las carreras políticas no deben hacerse a base de cargos de confianza, sino de instancias electorales. Por eso es tan importante que los gobernadores no traten de hacer de agentes electorales del Gobierno en los próximos comicios.

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