Nuevas exigencias burocráticas para la comunicación abogado-recluso

El Consejo General de la Abogacía, según nota hecha pública por la secretaría del mismo, tras su reunión plenaria celebrada en Lugo, observa con grave preocupación un evidente endurecimiento para las comunicaciones de los abogados con sus clientes privados de libertad, traducida en medidas que obstaculizan la comunicación abogado-cliente y en nuevas exigencias de tipo burocrático.Esta actitud contrasta, según la referida nota, con las reiteradas manifestaciones del Gobierno, anunciando una amplia liberalización de las relaciones de la Administración con los ciudadanos, de las que parecía esperar un criterio de creciente flexibilidad y de mayores facilidades en esta materia.

La nota añade que, «comprende el Consejo que la aparición del terrorismo organizado exija el reforzamiento del mecanismo de seguridad en las prisiones, pero la utilización de racionales sistemas técnicos de control permitiría que la seguridad se alcanzase, sin disminución del respeto a la intimidad y espontaneidad del diálogo entre el abogado y el recluso, y sin recargar con injustificadas exigencias burocráticas, de nula eficacia por otra parte, la labor de los defensores».

Respecto a este tema, el Consejo lamenta constatar que no ha encontrado la receptividad ni la comprensión en la que había confiado por parte de la Administración.

Certeza y seguridad jurídica

Asimismo ha acordado el Consejo, ratificando acuerdos anteriores y haciendo suya una propuesta de los Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona y otros, interesar del Gobierno la derogación del artículo 3 de la vigente Ley de Orden Público, que atenta a los principios de certeza y seguridad jurídica. También ha acordado el Consejo, en tanto se articula la Ley Orgánica de la Justicia, solicitar del Ministerio de Justicia la puesta en vigor de la base 21, que sanciona el derecho de los españoles a la asistencia jurídica, incluso antes de formalizarse el proceso, materia de permanente interés para la efectividad del Estado de Derecho y salvaguarda del principio de la seguridad jurídica.La reunión plenaria del Consejo General de la Abogacía finalizada ayer en Lugo se inició el pasado jueves bajo la presidencia del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol, que también ostenta el cargo de presidente del máximo organismo rector de la abogacía española. El Consejo General suele reunirse una vez cada dos meses en distintas capitales españolas con el fin de tratar los temas que en el momento preocupan más a la abogacía española. La presidencia del citado organismo era asumida tradicionalmente por el decano del Colegio de Madrid, pero desde que el señor Pedrol consiguió el decanato del Colegio madrileño puso a votación la elección del cargo de presidente del Consejo General de la Abogacía.