La amnistía, ¿cuando?

Miles de españoles, cientos de miles, han solicitado una amnistía general para los delitos de opinión y políticos después de la llegada de don Juan Carlos de Borbón al trono. Numerosós procuradores en Cortes, ayuntamient s diputaciones, jerarquías eclesiásticas, la casi totalidad de los colegios profesionales y la oposición democrática en pleno han señalado reiteradas veces la necesidad de que dicha amnistía se otorgue como condición previa a la construcción de la democracia. El propio ministro de Justicia declaró hace ya más de cuatro meses que el temá de la amnistía estaba en estudio, pero posteriores palabras del presidente del Gobierno aplazaron la cuestión hasta que en España hubiera instituciones democráticas. Se aducían, y se aducen, para ello, razones técnicas como el hecho de que no basta amnistiari un delito si no desaparece la tipificación del mismo de nuestras leyes, pues de otro modo, los amnistiados volverían a la cárcel, al poco de salir. Pero el argumento comienza a sonar a excusa, y bien podría el Gobierno ejercitar la tolerancia hasta que se cambiaran las leyes.Una reciente encuesta divulgada por la prensa señalaba que el cincuenta por ciento de los españoles está a favor de la amnistía y sólo el trece por ciento se manifestaba en desacuerdo con ella. El consenso generalizado que existe en nuestro país para que el Rey otorgue esta gracia -que borra delitos, culpás y responsabilidades- es bien palpable, y sin embargo sólo ha habido hasta ahora un decreto -de indulto, redactado en términos muy restringidos aunque aplicado finalmente con cierta amplitud.

La amnistía, en las circunstancias españolas, no es simplemente un acto humanitario de gracia sino sobre todo una decisión de alto significado político. No es posible construir una democracia mientras el ejercicio de las libertades públicas conserve entre nosotros naturaleza delictiva. Y con una medida así, el Gobierno cobraría nuevamente credibilidad en lo que se refiere a las promesas de democratización. Porque no hay elecciones generales posibles sin una amnistía total para todos los delitos de matiz político, de la que por razones obvias sólo deberían quedar excluidos los llamados delitos de sangre.