El Gobierno Civil es tan necesario en Madrid, como en otra provincia

«Política se puede hacer en todas partes y desde cualquier puesto de trabajo», responde Jesús García Siso a EL PAIS a la pregunta de si el puesto de gobernador permite hacer política. Y añade: «Hay política sanitaria, docente, de obras públicas, etc. Fundamentalmente, la política del Gobierno Civil es la de coordinación y, en otro aspecto, la de interpretar fielmente la política del Gobierno.»

Jesús García Siso es gobernador civil de Madrid desde hace apenas una semana. Accedió a este cargo en sustitución de Jesús López Cancio, quien lo fue durante los últimos años. Sin embargo, la experiencia que viene arrastrando el nuevo gobernador es amplia, incluyendo en su trayectoria, incluso el Gobierno Civil de Santander, una Delegación de Servicios del Ayuntamiento de Madrid y una alcaldía, la de Lugo.«No, no debe asustarme el cargo, afirma. Es un cargo como otros puestos de trabajo. Que sienta preocupaciones en el ejercicio del mismo es otra cosa. Es la consecuencia natural del sentido de la responsabilidad con el que hay que desarrollar las actividades del gobierno de la provincia, que son muchas y muy variadas. »

Siempre hay un tema, de entre estas actividades que cita, que puede preocuparle más al gobernador. «No podría definirme. Todos tienen su peculiaridad y su importancia, unos en extensión y otros en profundidad, aunque afecten a muy pocas personas. Los problemas de la enseñanza, los que se refieren a la convivencia y bienestar de los barrios, la dotación de los servicios de saneamiento y comunicaciones, que se cumplan con rigor las normas de urbanización y edificación, el equilibrio de la actividad laboral y el deseo de mejorar la sierra pobre y los pueblecitos más alejados son, entre otros, problemas importantes, espigados entre aquellos a los que deseo dedicar atención especial.»

Sería posible, sin embargo, preguntarse acerca de la necesidad que Madrid puede tener ahora mismo de un Gobierno Civil.

«Sí, por supuesto que lo necesita. De manera muy breve, diríamos que el Gobierno Civil es el engranaje intermedio e indispensable entre el Gobierno de la nación y la administración provincial. El hecho de que el Gobierno tenga su sede en esta misma provincia no resuelve la necesidad del engranaje intermedio. Madrid es como otra cualquier provincia española. Una serie de factores, como son los servicios de orden público, el peso de la capital de la nación, la presencia del área metropolitana, como actividades independientes de las atribuciones del Gobierno Civil de Madrid, dan un carácter singular al mismo, pero quedan muchas otras actividades que hacen necesaria su presencia.»

¿Sería posible pensar, dentro de un proceso democratizador, que el cargo de gobernador civil pasara a ser de elección popular?

«No lo sé, responde el señor García Siso, pero creo que no. Mientras, por ejemplo, el presidente de la Diputación es el representante legal de la provincia y los alcaldes representan a los ayuntamientos, lo que justifica razonablemente su electividad, el gobernador es un delegado del Gobierno y, como tal, ha de estar a merced del mismo su designación y relevo.»

El tema de Madrid como provincia y como capital del país, nos ha de llevar, necesariamente, a hablar del centralismo.

«Una, cosa es el centralismo y otra muy diferente que el Gobierno de la nación tenga su sede en Madrid. La proximidad material de la Administración central, así como de los altos organismos que rigen la política nacional, supone indudable ventaja para el desarrollo de las actividades del Gobierno Civil. Pero esto no quiere decir en modo alguno, que la provincia de Madrid reciba un trato especial. Es más, la Administración central está muy sensibilizada con el problema de las discriminaciones y cualquier ayuda a la provincia de Madrid la examina previamente con muchos cuidados. En esto tienen ventaja las otras provincias.

Es preciso, muchas veces, coordinar los esfuerzos que, separadamente, realizan los distintos organismos encargados de la provincia.

«Al gobernador civil le corresponde, como delegado permanente del Gobierno en la provincia, el impulso, la fiscalización y la orientación de las delegaciones y demás organismos de la Administración central en la provincia.