Ciento veintiséis procuradores acusan al Gobierno de ilegalidad

Ciento veintiséis procuradores en Cortes han dirigido un escrito al presidente de la Cámara para que lo eleve al Gobierno, en el que solicitan que "todos los órganos de la Administración actúen bajo el principio del más escrupuloso acatamiento de la legalidad vigente", según informa la agencia Logos. Este escrito viene a sumarse al que recientemente enviaron al presidente del Consejo Nacional 55 consejeros nacionales, en el que solicitaba que el Consejo fuese oído en los proyectos reformistas.

El escrito comienza diciendo que «las transgresiones al orden legal, consecuencia de la presión a que fue sometido el Gobierno en los momentos iniciales de su gestión parecía debía remitir a medida que se restablecía el orden pacífico de la convivencia, pero tal esperanza se ha visto frustrada». Los procuradores señalan que, en los últimos tiempos, la trascendencia de las agresiones se hace cada día más evidente y repercute de manera inmediata en la conciencia social, sobre todo por la acogida que tienen en los medios de comunicación social. «Lo peor del caso es -dicen- que este clima de-confusión viene siendo en alguna medida resultado de declaraciones y manifestaciones de algunos miembros del Gobierno, contradictorias también entre sí y, sobre todo, carentes de la claridad necesaria para saber lo que realmente se pretende." «En lo que se refiere a la reforma sindical -añaden- los defectos procedimentales son todavía más acusados. Según el discurso del presidente del Gobierno ante las Cortes, la reforma sindical debía ser promovida por el Congreso Sindical; posteriormente el ministro de Relaciones Sindicales manifestó que tal reforma debía arrancar de la legalidad. Ni el Congreso Sindical se ha reunido, ni tampoco la permanente, aunque se han pronunciado discursos, en que cada cual ha expresado criterios sobre lo que a su juicio la reforma sindical debiera tener.»

El Congreso de la UGT, un ataque a la legalidad

«Así las cosas -dicen más adelante- el Congreso de la Unión General de Trabajadores (UGT), autorizado gubernativamente, viene a constituir otra pieza de difícil engranaje dentro de este proceso de reforma. Representantes ilegales unidos a otros representantes extranjeros, adoptaron decisiones y acuerdos que vulneran todo principio de,lelgalidad y, especialmente, atacan a la legitimidad que es el sustento de todas las instituciones.»

«La unidad sindical, tal como las Leyes Fundamentales la configura, queda conculcada y vulnerada por tales acuerdos del Congreso, que no solamente se reducen al campo de lo laboral, sino que evidentemente se plasman en decisiones de tipo político que han culminado en declaraciones que postulan el rompimiento de la unidad, de la Patria y la vuelta a la República. Y todo ello en asambleas en las que, puño en alto, presididas bajo el retrato de Pablo Iglesias, se ha cantado La Internacional, protegidos, amparados y admitidos oficialmente.»

Quien autorizase el Congreso -afirman- y el uso que de esa autorización se hizo, incurrió en una ilegalidad.»

En el escrito se cita el artículo del diario Pueblo en que se recordaba a que se compromete el juramento que presta quien ocupa algún cargo público, «juramento que no debe ser recordado y éxigido solamente a los directores generales».

Con mayor motivo debe ser recordado y exigido -añaden- a quienes ostenten puestos de superior responsabilidad. Tal juramento implica el respetar las leyes, única fórmula de evitar el arbitrismo y el respeto a todo Estado de derecho.

Se consienten actos intolerables

«Las leyes reguladoras del derecho de reunión -añaden - no han sido modificadas. En virtud de esas normas han sido sometidos a prisión quienes se titulaban representantes de organizaciones ilegales de trabajadores. Ahora resulta que el imperio de las mismas normas, no sólo se tolera, sino que expresamente se autoriza oficialmente a reunirse a quienes se titulan representantes de organizaciones ilegales y se consienten adopten acuerdos evidentemente intoIerables. Pero es que, además, se ha autorizado esta reunión, pero se han denegado otras que, probablemente hubieran tenido menos gravedad y repercusión en la conciencia social. El árbitrismo es manifiesto",

«Mientras el Tribunal Supremo dicta sentencias condenatorias. contra quienes se declaran miembros de estas organizaciones ilegales, el, Gobierno, por la vía de los hechos, viene a reconocer la legalidad de las mismas. Y entonces no hay Estado de derecho que pueda resistir esta flagrante distorsión de la realidad, ya que habrá que preguntarse ahora cuál es la posición en que se deja a esos magistrados y tribunales a quienes la Ley les exige sancionen las infracciones.»

"La gravedad política de todos estos hechos -agregan- se agiganta si tenemos en cuenta además, que a través de esta actividad se está comprometiendo al propio presidente del Gobierno, a las Instituciones y a la más alta magistratura del Estado."

Los procuradores se refieren a continuación a la reforma política y sindical y dicen que «estas han de pasar necesariamente por las Cortes y éstas tienen la facultad de pronunciarse libremente. La reciente modificación en la tramitación de los proyectos de ley declarados urgentes, supone una limitación sensible de los derechos de los procuradores e incide en la Ley Constitutiva de las Cortes».

«La presión que se viene ejerciendo a través de las declaraciones de los ministros sobre la libertad de decisión de las instituciones, Congreso Sindical y Cortes, resulta evidente: las Cortes no han solicitado la última prórroga; ha sido el Gobierno el que la ha pedido.»

«El presidente del Gobierno, en su discurso ante las Cortes recordó cuál era la responsabilidad del Gobierno y sus atribuciones. Y recabó para sí la plena responsabilidad, ya que el Rey no estaba comprometido ni podía comprometer la Institución en ninguna de las políticas que sus Gobiernos asumieran. Los intentos de endosar al Rey la responsabilidad de la reforma declarándole motor de la misma, presupone una manifiesta contradicción y un afán de protegerse y de irresponsabilizarse de una obligación que, por ley, compete única y exclusivamente al Consejo de Ministros. A la gallardía del presidente del Gobierno no se le corresponde con manifestaciones públicas de este tipo".

El escrito concluye que, convencidos como están de que lo que han expuesto afecta gravemente al futuro de España, comunican al piesidente su queja, razonada y profunda.