No hubo conciliación sindical en Obras Públicas

El acto de conciliación sindical previo a la tramitación de conflicto colectivo solicitado por los operarios de Obras Públicas (unos 17.000 en toda España), no tuvo efecto ayer, como era preceptivo, a causa, según fuentes laborales, «de la desorientación que reina en medios sindicales, dado que es la propia Administración la que deberá constituir la Junta de Conciliación Sindical».La conciliación en torno a este conflicto, primero que se plantea a la Administración a nivel nacional, tendrá lugar el próximo día 14.

En cuanto al parecer de la Administración acerca de la situación creada por la solicitud de conflicto por parte de los operarios de Obras Públicas, EL PAIS estableció contactos con el Subdirector General de Personal de este Departamento, Antonio Guisasola, quien afirmó no saber nada en relación con este asunto, pues «me he enterado por la Prensa de la solicitud de conflicto.

El señor Guisasola agregó que sí tenía noticia de las peticiones formuladas por los operarios de Obras Públicas, a través de los contactos mantenidos entre una comisión de estos y representantes del Ministerio, y «sobre las que trabajamos para buscar una solución, pero en absoluto sabía, de manera formal, que se hubiera presentado solicitud de conflicto colectivo, aspecto que, en cualquier caso, corresponde tramitar a la Organización Sindical».

El conflicto colectivo responde a la falta de respuesta de la Administración a las peticiones de los operarios de Obras Públicas, concretadas, según la plataforma reivindicativa aprobada por la Asamblea Nacional de los representantes de los trabajadores, en un salario mínimo de 16.500 pesetas líquidas al mes (lo que supondría un incremento salarial del 25 por 100) para el peón, tanto fijo como eventual; pago de la antigüedad conforme a criterios iguales para todos los trabajadores; dietas de 8,50 pesetas; desaparición de la eventualidad; derogación del actual reglamento, por el que se rigen las relaciones laborales (entre otras lagunas, contempla tan sólo diez categorías, sin incluir los titulados de grado medio y superior) y negociación de un convenio colectivo, al amparo de lo establecido en la Ley de Presupuestos, que contempla esta posibilidad para los trabajadores de centros autónomos de la Administración.