Una prioridad: los derechos humanos

Mientras entre nosotros no se adquiera conciencia efectiva de los derechos de la persona, no podrá decirse que éste es un país desarrollado, por grande que sea nuestro crecimiento industrial o el nivel de nuestras reservas.Los derechos humanos no pueden quedar en formulaciones doctrinales. El reconocimiento del valor y la dignidad, de la persona debe traducirse en conquistas concretas. Por ejemplo:

- La denuncia de toda violencia venga de donde viniere, malos tratos, acciones degradantes y toda sanción o represalia de carácter arbitrario.

- La desaparición de restricciones a la libertad de movimientos (como privación de pasaportes) y las sanciones basadas en mera discriminación ideológica.

- Debe revisarse la aplicación de los derechos clásicos reconocidos, pero no enteramente vigentes en nuestro país: libertad de pensamiento, de religión y de conciencia. En este punto habría que considerar el juramento, no ya de preceptos constitucionales, sino de meros principios ideológicos -y por lo tanto opinables- que ha de hacerse en nuestro país para acceder a todo cargo público. La libertad de reunión pacífica y de asociación también podría encubrir contradicciones con la vigente declaración de Derechos, de 1948 suscrita por España; su artículo 20 establece que «nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación», lo que aconseja revisar la sindicación obligatoria de los trabajadores españoles.

Los derechos humanos no acaban ahí. El Estado está obligado a impedir todo aquello que afecte a la libertad del ciudadano, pero también a intervenir para que otros derechos fundamentales sean posibles: derecho de todos a participar en la gobernación del país por representantes libremente elegidos; derecho a la Seguridad Social, al trabajo y a la remuneración equitativa, puntos éstos a reconsiderar severamente en tiempo de migraciones masivas, de paro creciente y de exiguo salario mínimo. Derecho, en fin, al saber y a la cultura, estrictamente distribuidos.

Las reformas políticas proyectadas por las autoridades han de apoyarse en la vigencia del código universal de derechos. Los cambios constitucionales que no apunten en esta dirección no representarán ninguna transformación profunda de nuestra conciencia colectiva y nos mantendrán todavía alejados de la democracia.