No hay atención administrativa a un barrio construido con protección oficial

El urbanismo es tema central en la tabla reivindicativa de dos zonas, Progreso y Puerto Chico, con un deterioro galopante en las estructuras de las viviendas. Las empresas quebraron y se fueron; el Ministerio de la Vivienda se encuentra con un problema para el que, al parecer, no tiene bolsillo suficiente.

Angel Luna, vicepresidente de la Asociación de Cabezas de Familia de Progreso y Luis Sánchez, vocal social de la misma asociación, expusieron en dos partes el problema de la colonia San José Obrero de la Obra Sindical del Hogar.«La colonia fue construida por los mismos vecinos que habitan las casas con materiales muy deficientes por falta de dinero. Las cubiertas comenzaron muy pronto a hacer agua, a resquebrajarse y a caerse. La Obra Sindical del Hogar destinó entonces 24 millones de pesetas para la reparación de la colonia. Este dinero debería invertirse poco a poco.»

Comenzó la primerá fase de reparaciones, pero el problema se agravó al encontrar que los cielos delas viviendas eran de caflizo, muy frágil, y que por él pasaban las conducciones eléctricas de las casas y por miedo a un cortocircuito se dejaron las obras condenadas. Surgió una polémica entre los albañiles, representantes de los vecinos y los miembros de la empresa constructora. Finalmente se llegó al acuerdo de que había que reparar los tejados y los techos. Una vez decidido y cuando los vecinos esperaban que continuasen las obras, las empresas dijeron que no había dinero. Consecuencia, que sólo se han arreglado tres bloques y los otros tres tendrán que esperar hasta que el presupuesto llegue.

Los vecinos tomaron entonces contacto con el colegio de Arquitectos y propusieron que alguno de sus miembros visitara las obras. Ha ce algo más de un mes que se realizó el estudio de la zona y el dictamen verbal fue contundente: había peligro de ruina por el estado de los techos.

«Cuando envíen el informe por escrito y sepamos los términos del mismo, derrunciaremos a la Obra Sindical del Hogar.»

Los vecinos se preguntan todavía dónde están esas 200.000 pesetas anuales que, en conjunto, pagan para la conservación del barrio.

Una multa de 10.000 pesetas

La colonia Zoyme surgió apresuradamente, al calor de los problemas de vivienda quecientos de emigrantes venidos del sur de España tenían. En los años 60 comenzó a construirse.

«La gente estaba loca por meterse en un sitio con techo. Las casas se construyeron por las buenas y la urbanizadora prometió urbanizar las calles. No lo hizo y los vecinos pusieron varias denuncias a las que nunca se dio contestación. Mantuvimos una entrevista con el entonces delegado de obras del Ayuntamiento, señor Pellón, quien prometió hacerse cargo del asunto. Obligó a la emprela a urbanizar y asfaltar las calles. La empresa se negó y nos enteramos que le había impuesto una multa de 10.000 pesetas por incumplimiento de sus obligaciones.»

El alumbrado de que dispone el barrio es viejo e insuficiente, a pesar de que muchas calles se han arreglado, el sistema de iluminación es el mismo, en muchos casos, que el que se colocó en el año 1936.

Las escuelas existentes en el barrio son pocas, privadas y caras. Un solo colegio municipal no puede albergar a la población estudiantil, hijos en la mayoría de los casos de obreros. «Muchos de nosotros trabajamos en la construcción. El paro es ahora grande y no podemos permitirnos el lujo de mandar nuestros hijos a un colegio privado.» El barrio carece de clubs juveniles y de guarderías municipales o estatales.

Rosario Pérez, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Carabanchel Bajo, habló sobre el tema. «En una zona compuesta en su mayoría por población joven existen muchos niños pequeños, pero no hay ninguna guardería estatal gratuita. Tres guarderias son de Cáritas, con precios módicos, pero con plazas insuficientes, el resto son privadas, con tarifas mínimas de 4.000 pesetas al mes y malas condiciones. El sitio es muy reducido y el número de niños muy grande. Hay otras guarderías de la Sección Femenina del Movimiento con precios que oscilan entre las 2.000 y 2.300 pesetas al mes. »

Centralismo dentro de Madrid

Existen en el barrio de Progreso dos servicios de autobuses cubiertos por camionetas periféricas. Una de ellas da billete de ida y Vuelta, pero la otra no ha implantado el sistema. «Hemos ido a la dirección de Transportes Marítimos y Terrestres para aclarar el motivo por el -que esa línea no. da billete de ida y vuelta», dijo Luis Sánchez: «Los barrios,estamos un poco desmadrados, todo nuestro sistema de comunicaciones está dirigido al centro de Madrid».

Para que un vecino vaya desde un barrio a otro, (trayecto que a pie recorrería en veinte minutos), tiene que tomar necesariamente varios autobuses, pasar por el centro de Madrid, gastarse más dinero y perder más tiempo. Sería muy conveniente estudiar un sistema completo de comunicaciones entre barrios para agilizar el tráfico por el centro y ahorrar tiempo y dinero a los vecinos de las zonas periféricas.

Fernando Cerezal, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Puerto Chico, uno de los barrios de Aluche, consideró en su intervención durante la mesa re donda que el problema esencial de la zona tiene carácter urbanístico. «El barrio se construyó en 1965 y tiene 4.180 viviendas, todas ellas de protección oficial. El problema fundamental estriba en las defi ciencias que tienen las casas a nivel de muros, vigas, cimientos y habi taciones. Otra serie de deficiencias tiene carácter general -propio de infraestructura, como la falta de bocas de riego, alcantarillas o jar dines. Los corrimientos de tierra son frecuentes y esto ocasiona baches gigantescos en las calles. Se mantienen los mismos problemas que había en 1967.

Desde un primer momento, los vecinos organizaron el sistema de mejorar las condiciones del barrio. Surgió la Asociación que consiggió ciertos éxitos al principio frente a las empresas constructoras y se plantearon ciertas denuncias ante el Ministerio de la Vivienda. El propio Ministerio se olvidó de ellas y permitió la disolución de las empresas que habían construido y urbanizado el barrio, cuando debería haberla impedido y abierto expediente en el año 1968 por la actuación de las constructoras.

Los vecinos hemos presentádo recurso administrativo ante el ministerio, por una parte, y nos hemos acogido a la vía penal contra los individuos que forman los consejos de administración de estas empresas, en cuanto personas físicas, porque no se puede llevar la lucha contra unas personas jurídicas que se han disuelto. Esta vía se cortó porque las diligencias condujeron al sobreseimiento del caso sin juicio. El recurso administrativo, frente al ministerio, trata de hacerle responsable de nuestra situación y exigir que sea el propio ministerio quien se haga cargo de las obras necesarias. Para ello contratamos un grupo de arquitectos que presupuestaron las obras indispensables en 65 millones de pesetas. Sin embargo, el Ministerio no quiere aceptar su responsabilidad, aunque acepta las deficiencias existentes.

En vista del punto muerto en que nos encontrábamos, se organizó una serie de manifestaciones, con marcha al Ministerio de la Vivienda incluida, que ha hecho que el tema vuelva a replantearse.»