Cobraban a los vecinos por unos servicios que no prestaban

El Ministerio de la Vivienda ha sancionado con más de 324 millones de pesetas a las empresas Virelsa y Diorva, SA por infracciones urbanísticas cometidas en la Ciudad de los Angeles, en Madrid. Las infracciones urbanísticas lo son en base a la percepción de unas cantidades por la administración de la Ciudad, a lo que se comprometía el comprador de un piso en el acto de la firma del contrato. Por una denuncia presentada por los vecinos, un juez instructor nombrado al efecto consideró prescritos los delitos imputados, por lo que únicamente procedió a la imposición de sendas multas de 250.000 pesetas. El Ministerio, por su parte, cree que la infracción va más lejos y decide, además de la multa impuesta, pasar testimonio al fiscal de la audiencia por si se hubiera incurrido en delito tipificado en el Código Penal como presión de la libre voluntad de los contratacantes.

Quien compraba un piso en la Ciudad de los Angeles venía obligado, por el contrato que firmaba con la constructora, a aceptar unos Estatutos. Estos Estatutos suponían el encargo expreso a las promotoras para que se cuidaran de la administración de los servicios comunes de la ciudad, entre los que podemos contar la conservación de viales -en tanto no pasaran a ser propiedad del Ayuntamiento-, las zonas verdes y los ajardinados que correspondieran, en cada caso.Sin embargo, en la Ciudad nadie veía que las zonas verdes fueran reales ni que los viales se conservaran en las debidas condiciones. El Ayuntamiento, por su parte, se negaba a aceptar la cesión de los viales, por cuanto consideraba que éstos no se encontraban en condiciones aceptables y que el desembolso que con ello se había de realizar, con cargo al presupuesto municipal, era excesivamente elevado.

Mientras tanto, los vecinos consideraban que la gestión que las promotoras de la Ciudad realizaban era absolutamente nula, por lo que se decidieron a exigir a éstas la entrega de la administración. Virelsa y Diorva, SA, se inhibieron del tema y dejaron de pasar los recibos que por todos los conceptos venían abonando, de una forma más o menos regular, los vecinos, exigiendo únicamente las cantidades atrasadas que habían quedado pendientes.

Pero los vecinos no se consideraron satisfechos con la multa impuesta por el juez instructor, por lo que se decidieron a escribir, hace un mes y medio aproximadamente, a todos los ministros integrantes del actual Gabinete, así como al propio presidente, Carlos Arias, adjuntando fotocopia de la resolución, adoptada por el juez.

Parece que ha sido a raíz de esta gestión directa con los ministros cuando el caso de Virela y Diorva ha entrado en esta fase que ha culminado con las sanciones -las máximas que puede imponer una Dirección General- de tan elevada cuantía.

En términos técnicos, las dos promotoras percibían unas cantidades que oscilaban entre el cuatro por ciento sobre la renta oficial de cada vivienda -unas ciento cincuenta mil pesetas-, en el caso de Virelsa, y el tres por ciento, en el de Diorva.

La versión de la empresa

Sin embargo, Baldomero Blasco, abogado encargado de defender los intereses de las dos promotoras ante este caso, afirma que, a pesar de estar todavía en la fase de entrar en contacto con el tema, le produce un gran asombro la elevada cuantía de la multa impuesta.Para él, los delitos supuestamente cometidos por sus clientes están ya prescritos, puesto que se remontan, en algunos casos, a más de dieciocho años, concretamente a 1958, en que se comenzó a construir la Ciudad de los Angeles. Por otra parte, la sanción ahora impuesta está en contraposición con el fallo del juez instructor, por lo que los intereses de las constructoras se han visto dañados.

Lo cierto es que, hasta ahora, todo el trámite legal que comporta la construcción y venta de una urbanización del tamaño de la Ciudad de los Angeles ha ido pasando por diversas manos administrativas sin que ninguna de ellas observara en él infracción de ningún tipo. Ni el notario que escrituraba, ni el registrador de la propiedad que incluía tales fincas como existentes pusieron el menor inconveniente para llevar a cabo su gestión sin dificultades.

«Además -añade- que yo sepa no está prohibido en ninguna parte cobrar por un servicio que se presta. Y Diorva y Virelsa pretaban un servicio muy necesario para la Ciudad. Me gustaría, y tal vez lo haga, saber por cuánto les está saliendo a los vecinos la gestión que venían realizando las constructoras.»

Afirma, por otra parte, que las cantidades que venían percibiendo no alcanzaban ese cuatro y tres por ciento que se ha dicho. «Incluso -agrega- los pisos se vendieron más baratos que lo que la cédula de calificación definitiva autorizaba.»

Una segunda sorpresa le causa al señor Blasco la sanción del Ministerio: que se aplica la normativa del Reglamento de Viviendas Protegidas, que, en los años de construcción y venta de la Ciudad de los Angeles, no regía todavía.

Resulta curioso, por otra parte, el hecho de que ahora estas promotoras de viviendas se vean sancionadas en tal cuantía, mientras que en el año 1959 Virelsa era galardonada con la medalla de colaborador del Instituto Nacional de la Vivienda y, en 1956, con la conmemorativa de este mismo organismo dependiente de la Administración central.

La Ciudad de los Angeles se comenzó a construir sobre una gran finca registral, que fue convenientemente pincelada, realizándose la construcción de los viales necesarios y todos los servicios que una obra de este tipo exigía.

Promesas

Los motivos que movieron a las dos promotoras a construir el tipo de viviendas que caracterizan a la Ciudad no eran, lógicamente, sociales y el beneficio estaba claro. Pero lo que también es cierto, y puede que sea una de las mayores quejas de los vecinos, es que sí se habían comprometido a dotar a la Ciudad de unos servicios, para lo cual, además, cobraban unas cantidades.Mientras tanto, los viales continúan sin revertir al Ayuntamiento, por lo que los vecinos no se pueden beneficiar de esto. Sin embargo, ello no es obstáculo, por lo visto, para que la Empresa Municipal de Transportes, municipal, repetimos, empleara los viales correspondientes para el paso de sus distintas líneas. Mientras que unos viales no son municipales para unas cosas, los mismos sí lo son para otras.