El socio de Rubiales, sospechoso de frustrar el embargo judicial de sus criptomonedas

Nuevo giro de guion inesperado en la investigación sobre las supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, un informe en el que alerta de que los 65.367 criptoactivos USDT (en la actualidad con un valor de 62.800 euros) que la magistrada ordenó bloquear en octubre por ser propiedad supuestamente del empresario y exfubolista Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, amigo y socio del expresidente de la federación, habían desaparecido cuando los investigadores trataban de transferirlos a una cuenta segura para asegurar que nadie los pudiera desviar. El documento policial señala a cuatro ciudadanos colombianos como presuntamente implicados en la maniobra y destaca la vinculación de uno de ellos con el propio Nene, al que responsabiliza en última instancia de la misma. La UCO ha pedido a la jueza que dicte una orden internacional de busca y captura contra los cuatro sospechosos.

En el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Guardia Civil recuerda que esta línea de investigación se inició el pasado 20 de marzo, el mismo día que se realizaban las primeras siete detenciones y era registrada la sede de la RFEF en el transcurso de la bautizada como Operación Brodie. Ese día, los agentes recibieron la llamada de C. V. B., quien aseguraba que había realizado inversiones en criptoactivos a un empresario de Granada que podía estar presuntamente implicado en la trama desmantelada. Se refería a Nene, un exjugador que nunca pasó del tercer escalón del fútbol español, metido a empresario hotelero tras dejar el balón y que mantenía una estrecha relación de amistad con Rubiales. De hecho, él era la persona que se encontraba con el expresidente de la federación en República Dominicana cuando se produjeron aquellos primeros arrestos.

La investigación reveló que, efectivamente, Nené invirtió en agosto de 2022, junto a otras dos personas, 60.000 euros en criptoactivos y que estos fondos pasaron poco antes del inicio de la Operación Brodie a un monedero virtual bajo su control con la supuesta intención entonces de retirarlos en República Dominicana, donde tenía negocios. De hecho, en uno de los móviles intervenidos a Nene los agentes encontraron dos “frases semillas” (claves privadas de 12 palabras necesarias para poder realizar transacciones desde una dirección con criptoactivos) que, según las pesquisas, están vinculadas a 140 direcciones donde supuestamente se podrían ocultar más fondos en monedas virtuales. Con estos datos, la UCO solicitó a la empresa de criptomonedas que bloquease temporalmente este dinero, medida que respaldó la jueza Rodrigo con la indicación de que esos fondos fueran transferidos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), un organismo creado por el Ministerio de Justicia a finales de 2015 para administrar el embargo de bienes bloqueados e intervenidos a personas condenadas.

Sin embargo, el nuevo informe, fechado el pasado 16 de diciembre, la Guardia Civil explica que, cuando el 11 de noviembre iba a transferir los fondos a un monedero bajo control judicial, descubrió que alguien se le había adelantado al aprovechar que la empresa que los custodiaba los había desbloqueado para que los investigadores hicieran un primer traspaso de prueba con 10 criptomonedas. Con solo un minuto de diferencia, los autores había extraído el grueso del dinero allí depositado y enviado a dos monederos virtuales. Los agentes comenzaron a rastrear entonces el camino seguido por los criptoactivos, que fueron saltando de un monedero u otro, y a identificar a las personas que presuntamente habían realizado esas sucesivas transferencias. Las pesquisas han permitido concretar que en la maniobra participaron presuntamente Tito Alejandro A, P., Juan Camilo P. A., Carlos Mario A. C. e Ismael José S. todos ellos de nacionalidad colombiana.

La UCO pone el foco, sobre todo, en este último sospechoso, del que destacan que “habría tenido una mayor participación en la detracción de los fondos” y era la persona que “tiene el control” del monedero virtual en el que los más de 65.000 USDT hicieron la primera escala. Los agentes detallan que esta persona fue la que, cuando se produjo el bloqueo inicial de los criptoactivos, se puso en contacto con ellos por correo electrónico e intercambió, sin identificarse, varios mensajes para preguntar por qué habían sido intervenidos judicial y asegurarles que él era “el propietario” de la dirección del monedero donde estaban alojados, además de tener la frase semilla para manejarlos.

En el último de esos mensajes, del 23 de noviembre, Ismael José S. insistía en su preocupación por el hecho de que esos fondos fueran retirados “sin habérselo comunicado previamente” y reveló indirectamente que “el dueño absoluto” de los mismos era Nene, el socio de Rubiales. Por ellos, los investigadores concluyen que el socio del expresidente de la RFEF era el muñidor de la maniobra de ocultación y que “se habría valido de, al menos,” los cuatro ciudadanos colombianos identificados “para impedir” que las criptomonedas pasasen a estar bajo control judicial.