La Guardia Civil bloquea un monedero con criptomonedas al socio de Rubiales

La investigación sobre las supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales se adentra en el mundo de las monedas virtuales después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya localizado un monedero con 65.367 criptoactivos o tokens USDT supuestamente propiedad del empresario y exfubolista Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, amigo y socio del expresidente de la federación. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, ha ordenado su bloqueo, además de autorizar a los agentes del instituto armado a rastrear una dirección de correo electrónico que supuestamente usaba Rubiales y cuya existencia era desconocida, según varios informes y resoluciones judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que hasta ahora estaban bajo secreto de sumario.

La nueva línea de investigación se inició el pasado 20 de marzo, el mismo día que la Guardia Civil realizaba las primeras siete detenciones y registraba la sede de la RFEF en la bautizada como Operación Brodie. Ese día, los agentes recibieron la llamada de C. V. B., quien aseguraba que había realizado inversiones en criptoactivos a un empresario de Granada que podía estar presuntamente implicado en la trama desmantelada. Se refería a Nene, un exjugador que nunca pasó del tercer escalón del fútbol español, metido a empresario hotelero tras dejar el balón y que mantenía una estrecha relación de amistad con Rubiales. De hecho, él era la persona que se encontraba con el expresidente de la federación en República Dominicana cuando se produjeron aquellos primeros arrestos.

Tras comprobar los investigadores que, efectivamente, durante las escuchas a las que se habían sometido a los principales sospechosos durante los meses anteriores aparecía una llamada entre Nene y la persona que había llamado ofreciendo información, los agentes citaron a esta última para que declarase como testigo. Ante los investigadores, C. V. aseguró que, en agosto de 2022, ayudó a Nené y a otras dos personas a invertir un total de 60.000 euros en criptoactivos. Siempre, según este testimonio, ellos intentaron retirar estos fondos un año más tarde, pero él les convenció para que desistieran “puesto que en ese momento se encontraban en pérdidas”, según recoge un informe policial fechado el pasado 11 de julio. El testigo añadió que el 5 de marzo pasado, dos semanas antes de los primeros arrestos, Nene le pidió que le transfiriera los criptoactivos de los tres inversores a él y que le comentó que su intención era retirarlos en República Dominicana, donde tenía negocios. 12 días más tarde le pidió que le creara un monedero virtual y que le transfiriera allí la totalidad de los fondos, que quedaron desde entonces bajo su control.

El testigo facilitó el número del monedero donde remitió las criptomonedas, lo que permitió que la UCO solicitara a la empresa que los gestionaba que los bloquease temporalmente, medida que en octubre respaldó por la juez Rodrigo, que ha dado traslado de los mismos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), un organismo creado por el Ministerio de Justicia a finales de 2015 para administrar el embargo de bienes de personas condenadas. El informe de la Guardia Civil detalla que en uno de los móviles intervenidos a Nene encontró dos “frases semillas” (claves privadas de 12 palabras necesarias para poder realizar transacciones desde una dirección con criptoactivos) que, según las pesquisas, están vinculadas a 140 direcciones donde supuestamente se podrían ocultar más fondos en monedas virtuales.

En el mismo informe, los investigadores detallan que, en el registro que realizaron en marzo de 2024 en el domicilio en Granada de Rubiales, encontraron una tarjeta telefónica de la empresa gallega junto a una nota con una dirección de correo electrónica, una contraseña y un número de teléfono. La UCO sospecha que esta dirección era utilizada presuntamente por el expresidente de la Federación, por lo que pidieron a la magistrada que les autorizase el acceso a la misma “con el objetivo de efectuar un estudio minucioso de los correos hallados” en la misma, así como los documentos adjuntos a estos. Dos meses después pedían ampliar este rastreo al servicio de almacenamiento remoto, contactos, calendario, servicios de mensajería, historial de búsqueda, contenido multimedia, ubicaciones y monederos virtuales ligado a él. La jueza también lo ha autorizado, pero hasta la fecha no se conoce el resultado de estas pesquisas.