Un largo partido ante la justicia

Clavado en su silla de ruedas, Alberto Aláiz no para de pelear para intentar mejorar el mundo. Casi cinco años lleva así, desde que, en octubre de 2015, quedara tetrapléjico tras una mala caída en un partido de rugby, y, aunque su esfuerzo apenas haya conseguido nada, sigue luchando para lograr mejores indemnizaciones y cambiar una ley y un sistema de seguros deportivos que deja desprotegidos a los deportistas a los que, presuntamente, debería proteger.

El campo de batalla son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde ha denunciado la colusión casi carteliana que, en su opinión, practican las compañías de seguros que se hacen con los más de 3,5 millones de pólizas de seguro obligatorias que deben poseer todos los deportistas federados en España (un mercado de más de 600 millones de euros anuales), y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde sigue su lento camino su reclamación por una indemnización superior a la de 12.000 euros que percibió.

MÁS INFORMACIÓN

Un jugador de rugby sacude el Congreso

Aún siguen abiertas, aunque sin más resultados que los cosméticos, las batallas emprendidas en el Congreso de los Diputados, que en marzo de 2018 aprobó una proposición no de ley (PNL) para que el Estado aceptara cumplir la actualización trienal de las indemnizaciones mínimas que ordenaba el real decreto que desarrolla la Ley del Deporte, fijadas en 1993 en dos millones de pesetas, que son los mismos 12.000 euros actuales, pues, evidentemente, nunca han sido actualizadas.

La PNL no ha avanzado ni un milímetro, afectada por los avatares de la vida parlamentaria española, que ha visto desde entonces el paso de varias legislaturas, mociones de censura, elecciones e inestabilidad absoluta. Peleó, con el mismo nulo éxito, en el Consejo Superior de Deportes, por el que han pasado ya cuatro presidentes, Miguel Cardenal, José Ramón Lete (PP), María José Rienda e Irene Lozano (PSOE), autores de bellas frases, como la que le dedicó Lete: “La actualización de indemnizaciones no será retroactiva, así que tú no te beneficiarás”. A lo que Aláiz respondió: “No lo hago por mí, sino para que nadie sufra lo que yo sufro”. Si la lesión medular irreversible la hubiera sufrido en coche o moto, la indemnización habría sido de 1,5 millones de euros, según el baremo publicado en el BOE.

“Estamos hablando no de seguros, sino de infraseguro”, señala María José López González, que presentó la denuncia ante la CNMC en representación de Aláiz. En Francia, un jugador de rugby recibió 4,5 millones de euros de la compañía de seguros, que le había cobrado una cuota menor; en Irlanda, el mínimo son 850.000 euros, y 645.000 en el Reino Unido.

“Cuando en el CSD nos dicen que no se pueden subir las indemnizaciones porque el coste de los seguros sería inviable para las federaciones, nosotros les mostramos que la Federación Madrileña de Rugby contrató un seguro adicional, con una indemnización de 120.000 euros, por solo ocho euros más”, dice la abogada. “Y también en el CSD nos dicen que los 12.000 euros son cuantía mínima, que el deportista puede contratar un seguro mayor, pero desde 2012, desde que se disolvió la Mutualidad General Deportiva, son las federaciones las que toman los seguros con las compañías, y no los beneficiarios del seguro”.

Aunque el seguro es individual, no es el deportista quien lo contrata, sino las diferentes federaciones territoriales o provinciales que llegan a acuerdos globales con las diferentes compañías. Las federaciones se unen y, según la denuncia, constituyen corredurías que negocian los seguros con las compañías, por lo que cobran su comisión, una doble vía de ingresos. Algunas federaciones, incluso, han llegado a contratar menor número de seguros que de licencias, calculando que era imposible que todos sus deportistas se accidentaran a la vez.