El ministro Guirao enfada a las federaciones

Terminado el desayuno de Europa Press con el ministro José Guirao, cualquiera pensaría que a los presidentes de las federaciones les ha sentado mal el menú de café, brioches, frutas, zumo natural y bocaditos salados de un hotel de cinco estrellas. Menudas caras lucían, pálidas y airadas. “Hemos tenido días mejores, pero no es culpa del desayuno”, precisan, unánimes, Raúl Chapado (atletismo), Fernando Carpena (natación), López Cerrón (ciclismo) y varios más. “Es lo que hemos oído, lo poco que hemos oído, de boca del ministro lo que nos tiene así”. Y muestran sus relojes: el ministro de Cultura y Deporte ha hablado una hora, y no ha dedicado 30 minutos a cada una de sus competencias, como sería lógico, según ellos, sino 55 minutos a la Cultura y cinco al Deporte.

Se sienten ninguneados, invisibles, en la redacción de una ley que no han conocido hasta su presentación al Consejo de Ministros, el pasado viernes.

Y lo que ha dicho el ministro Guirao sobre su Ley del Deporte, la gran preocupación de sus vidas públicas, su eterno temor a la regulación de sus actividades, una suerte de resumen acelerado de lo que ya relató al término del Consejo de Ministros del pasado viernes, tampoco les ha devuelto la fe.

La desesperanza de las federaciones en un proyecto de ley que quizás no llegue nunca a cristalizar —la legislatura y la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, y los proyectos de sus ministros, dependen de la aprobación de unos presupuestos que quizás no lleguen ni a debatirse— se ha polarizado de entrada alrededor de la figura de Javier Tebas, el presidente de LaLiga, un patrón que el año pasado repartió tres millones de euros entre 65 federaciones (todas, salvo la de fútbol, que en esta guerra se ha posicionado detrás del Gobierno), unos 46.000 euros de media para cada una, a cambio de que le cedieran los derechos de transmisión en streaming de sus competiciones y la obligatoriedad de exhibir el logo de LaLiga en todos sus uniformes, pancartas, photocall y publicidades.

El artículo 90.2 del proyecto de ley, el llamado ya artículo antiTebas, prohíbe justamente que está relación se pueda mantener. Dice: “En ningún caso las ligas profesionales podrán adquirir, explotar o comercializar, por sí o por cualquier persona o entidad participada o dependiente de las mismas o sobre la que ejerzan una influencia decisiva y que contribuya a la realización de sus actividades, los derechos económicos de cualquier competición de la que no tengan la condición de organizador”.

“No queremos que el fútbol se adueñe de todo. No queremos un monocultivo deportivo. LaLiga es arte y parte. Su monopolio es injusto para las federaciones pequeñas, y no quiero que estas estén supeditadas al fútbol”, dijo el ministro. Y los presidentes federativos, por boca de varios presidentes, lo rechazan a coro: “al contrario, al contrario, solo el fútbol nos da oxígeno”.

Pero cuando se les dice que lo que reciben de LaLiga tampoco es tanto, responden que no se trata de los tres millones, que su crítica a la ley es más profunda. Hablan del artículo 60, que prevé que las federaciones puedan ser intervenidas si no cumplen los planes de viabilidad que se tracen o el artículo que habla de los convenios entre autonomías para el reconocimiento recíproco de sus licencias federativas.

El proyecto se encuentra en fase de información pública, por lo que las federaciones pueden lograr alguna modificación. Sobre la ley aún no se han expresado, sin embargo, los sindicatos de deportistas, que podrían lamentar la reducción de siete a cuatro años la consideración de Deportistas de Alto Nivel después de la retirada o el ambiguo tratamiento a su fiscalidad.