El Gobierno no se reunirá con la FIFA hasta que el Consejo de Estado decida sobre las elecciones en la Federación

La advertencia de la FIFA de suspender a la Federación Española de Fútbol como su miembro asociado por injerencias gubernamentales en su administración, lo que conllevaría la exclusión de la selección del próximo Mundial de Rusia, ha generado el escenario de un pulso velado entre el organismo que rige el fútbol mundial, la Federación y el Gobierno. Ninguno de los tres actores del conflicto manifiestan abiertamente sus intenciones verdaderas. Todos apuntan en sus declaraciones hacia la participación de España en el próximo Mundial. El presidente Mariano Rajoy, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, el presidente federativo Juan Luis Larrea, e incluso el máximo mandatario de FIFA Gianni Infantino, en círculos privados, dan por segura la participación en el próximo campeonato del mundo.

Sin embargo, el trasfondo del asunto oculta una disputa que atrapa a todos sus protagonistas una vez que este se ha desencadenado públicamente. Todos tienen un problema que afectan a su potestad y a su autoridad.

Más información

El expolio federativo del fútbol modesto

Rajoy: "España irá al Mundial y lo ganará"

Detrás de las declaraciones de Méndez de Vigo, en las que muestra su disposición a recibir a la delegación de la FIFA y de la UEFA, hay una posición de firmeza del Ejecutivo ante las presiones recibidas mediante la carta de la FIFA y el movimiento de Larrea y la Federación para motivarla. Según fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), el Gobierno no se reunirá con la delegación de FIFA y UEFA hasta que el Consejo de Estado no se haya pronunciado sobre la repetición de las elecciones ganadas por Ángel María Villar el pasado mes de mayo, motivo de la denuncia de Larrea ante Infantino y la entidad que preside este. Si el Consejo de Estado ordenara la repetición de los comicios el antes de la reunión el pulso se transformaría ya en un ataque frontal a los estatutos de la FIFA que impiden las injerencias de terceros en los asuntos de sus federaciones.

La reacción de la FIFA medirá si esa seria advertencia por carta se produjo solo por la insistencia de Larrea, de palabra y por escrito, o si realmente se atreverá a dejar a España sin Mundial en defensa de la autonomía de la Federación para dirimir quién sigue al frente de ella. A Larrea, para preservar su cargo hasta 2020 como sustituto de Villar, no le interesan unas elecciones nuevas.

Operación Soule

En la carta dirigida a Méndez de Vigo, la Federación pretendía una reunión inmediata y proponía como fechas el inicio de la semana entrante. La negativa a aceptar una convocatoria tan inminente es proclamada desde el CSD como la muestra inequívoca del Gobierno de mantenerse firme. Tampoco se vería con buenos ojos que los emisarios de ambas organizaciones, si produjera la reunión, que en el CSD tampoco da por segura pese a su anuncio, no fueran encabezadas por Infantino.

De celebrarse el encuentro, desde el CSD también tienen claro que el sumario de la Operación Soule estará encima de la mesa como su principal argumento para haber instado a la repetir las elecciones. La FIFA tendrá que decidir entonces si las pruebas grabadas en las escuchas son suficientes como para que un Gobierno no pueda interferir en una institución que le representa mundialmente como es la Federación. El paisaje descrito por el juez Pedraz en su auto resalta el estado de un fútbol y de una institución bajo sospecha y muy dañada. Un presidente (Villar) que presionaba a los barones para que le votaran bajo la amenaza de recibir o no dinero para sus territoriales, promesas de cargos en el fútbol internacional y mantenimiento de los negocios particulares con la Federación, motivo por el cual están imputados seis. Incluso uno de ellos, Diego Martínez, de Melilla, también propuso la intervención de la FIFA al poco de haberse desatado la Operación Soule. También emerge en el ámbito de la investigación el expolio federativo al fútbol aficionado. La Mutualidad de futbolistas (MUPRESFE), recientemente intervenida por el Ministerio de Economía al no haber podido justificar 12 millones de euros en créditos otorgados a algunas territoriales, es una de los filones más espinosos del funcionamiento de la Federación y de las territoriales. El alzamiento de bienes está en la línea de investigación de la Fiscalía.

Sobre ese escenario, la FIFA deberá pensarse si las injerencias del Gobierno en la Federación pueden costarle a España su plaza en un Mundial de fútbol.