El juez frena la identificación de las bolsas de la Operación Puerto

Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid impedirá que puedan conocerse a qué deportistas corresponden las 211 bolsas de sangre intervenidas en mayo de 2006 a Eufemiano Fuentes en la Operación Puerto.

Así se desprende de la sentencia, emitida el miércoles pasado, que resuelve un recurso de aclaración por el que Fuentes, absuelto de un delito contra la salud en la sentencia inicial, dictada en junio de 2016, pedía que se le devolvieran las bolsas para que no se usaran para “lapidar mediáticamente” a sus pacientes, que era, según sus argumentos, el objetivo de las autoridades deportivas a las que se entregaban (Federación Española de Ciclismo, Unión Ciclista Internacional, Comité Olímpico Italiano y Agencia Mundial Antidopaje).

En el auto, en el que niega la devolución de la sangre al médico canario, el magistrado de la sección primera, Alejandro Benito López, precisa: “No sería admisible que se utilizase [la identificación de las bolsas] para la finalidad alegada por don Eufemiano, sino para tratar de descubrir si pertenecen a algunos de los deportistas a los cuales se abrieron expedientes disciplinarios por supuesto dopaje y que fueron suspendidos por esta causa penal, lo cual es motivo de paralización de la prescripción en vía administrativa”. El intríngulis de la cuestión es que no hay ningún expediente disciplinario abierto y suspendido a ningún deportista. El verano de 2006, la federación española expedientó a las docenas de ciclistas que figuraban en el primer informe de la Guardia Civil, pero pocas horas después cerró y archivó los mismos. No se puede abrir ninguno nuevo porque los hechos prescriben a los ocho años.

La decisión del juez no solo precisa y complementa la sentencia en la que autorizaba la entrega de las bolsas a las autoridades deportivas, sino que la reinterpreta. En la primera sentencia de la Audiencia [la que resuelve los recursos contra la sentencia del juzgado de lo penal que condenaba a Eufemiano Fuentes y negaba las bolsas a las autoridades deportivas], el magistrado no limita el intento de identificación a aquellos deportistas que pudieran estar expedientados, sino que serviría para saber a quién se podía sancionar por dopaje. “Este tribunal para evitar cualquier tipo de dudas estima que no sólo la RFEC, sino también el CONI, la UCI y el AMA están legitimadas para recabar las muestras en orden a la posible incoación de expedientes disciplinarios a los corredores profesionales que pudieren ser identificados como consecuencia de los análisis”, se lee en la sentencia del 10 de junio de 2016, mientras que en el complemento del 14 de junio de 2017 el magistrado modifica su interpretación. “La petición de las muestras no tenía por finalidad descubrir a posibles deportistas en orden de la apertura de procedimientos disciplinarios contra ellos, que era un argumento esgrimido por el juzgado para considerar que se trataría de una investigación prospectiva”, explica en su última resolución el juez.

Todos los destinatarios de las bolsas de sangre recibieron su parte alícuto de cada una de las 211 que se requisaron. Después, delegaron en la AMA el proceso de identificación de las mismas mediante análisis de ADN en el laboratorio antidopaje de Lausana, que dispone de las muestras de orina congeladas de cualquier deportista de alto nivel que haya pasado un control antidopaje en los últimos ocho años. En este trabajo de contrastar muestras de ADN de sospechosos con sus bolsas, iniciado en octubre pasado, la AMA había encallado. “Podemos identificar a todos”, señalaban en febrero pasado fuentes de la agencia mundial. “Sin embargo, nos enfrentamos a un problema jurídico. Necesitamos buscar un argumento que justifique que publiquemos los nombres de los tramposos aunque no se les pueda sancionar por haber prescrito los hechos”.

Las personas más felices al leer la última decisión aclaratoria fueron quizás Manolo Saiz, Vicente Belda, y Yolanda Fuentes, los tres acusados absueltos ya en primera instancia. En el auto, el juez, acepta su petición y declara que las costas procesales de la segunda instancia deben abonarlas las instituciones deportivas (AMA, CSD, UCI, RFEC y CONI) que habían recabado su condena ante la Audiencia Provincial de Madrid

La última aclaración quizás no sea la última palabra que los tribunales españoles pronuncien sobre la interminable e inextricable Operación Puerto, pues las partes disponen ahora de la posibilidad de un recurso de casación.