Villar y la Federación, imputados por prevaricación, apropiación indebida y malversación de 1,2 millones

Ángel María Villar y la Federación Española de Fútbol (RFEF), como persona jurídica, han sido imputados por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº4 de Majadahonda por prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida de 1,2 millones de euros de dinero público que le fueron concedidos en 2010 por el Consejo Superior de Deportes (CSD). La subvención fue concedida para cuatro proyectos infernacionales de fútbol con el objeto de promoconar la candidatura Ibérica (España-Portugal) para organizar el Mundial 2018, que finalmente fue asignado a Rusia.

La indebida justificación del empleo del dinero público ya ha supuesto que la Federación devolviera el pasado mes de enero los 1,2 millones de euros, más 300.000 euros de intereses, a las arcas del estado.

En el auto al que ha tenido acceso a EL PAÍS se relata que hay indicios que permiten imputar a Villar y a la Federación por los tres delitos. El presidente federativo tendrá que declarar en el juzgado número cuatro de Majadahonda que ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por Miguel Galán, candidato a la presidencia federativa en las elecciones fijadas para el 22 de mayo. A la denuncia de Galán se ha sumado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que se sumó a las diligencias abiertas con sendos escritos el 1 de febrero y el 23 de febrero de 2017.

La denuncia de Galán solo incluía una partida de 229.000 euros del total de la subvención, que debió ser destinada a un proyecto en Haití para la construcción de una escuela de fútbol para niños. Sin embargo, un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción por el CSD, presidido por José Ramón Lete, ha permitido que se amplíe la denuncia al total de la subvención al comprobarse las deficiencias en la justificación de los otros tres proyectos adelantada por EL PAÍS, uno de tecnificación internacional (287.00 euros), otro de capacitación para gestores en América (254.000 euros) y otro de desarrollo integral para escuela de fútbol en África e Iberoamérica (462.000) euros.

La denuncia del CSD está firmada por Fernando Puig de la Bellacasa, por indicación del presidente del organismo gubernamental según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso. El expediente de reintegro del CSD ya señaló que, del total de los 1,2 millones, la Federación apenas justificó debidamente 100.000 euros.

El auto hace referencia expresa de las irregularidades en los cuatro proyectos. En el de Haití, escogido como beneficiario por el propio CSD para ayudar a las víctimas del devastador terremoto sufrido por el país caribeño, el escrito asegura que la escuela no se construyó, ni tampoco se formó a técnicos locales, ni se acreditó el envío de material sanitario y deportivo. Para esto último se presupuestaron 10.000 euros y la Federación pasó un justificante de 100.000 euros. En el caso de los 26 entrenadores españoles que trabajan en la Fundación de la Federación y debían tutelar el proyecto se imputaron algo más de 100.000 euros sin que se acreditara su presencia en Haití.

En el proyecto de tecnificación internacional el auto también especifica que la Federación presupuestó en un principio unos 10.000 euros para envío de ropa deportiva a unos campus en Camerún y Perú y acabó intentando justificar cerca de 110.000 euros mediante una factura de Adidas, la marca deportiva que viste a la selección y que fue catalogada como "promoción". Incluso se incluyen 120 polos para monitores cuando solo estaba prevista la participación de 10 entrenadores. En el proyecto de gestores también se añade una factura de 28.000 euros bajo el concepto de "promoción" sin que aparezcan recibos de envío alguno.

El auto, además de señalar las irregularidades de las facturas y la indebida injustificación añade que una parte importante de las actividades fueron adjudicadas a las empresas Alianza de Empresas y Comunicaciones SL, administrada por Joaquín de Ramos, a su vez director de proyectos de la Fundación de la Federación, destinataria final de la subvención. La otra empresa es Digital Designers, de la que figura como administradora única Carolina Villén que es colaboradora habitual de proyectos de la Fundación. También se señala a la sociedad mercantil DEPE SL, cuyo administrador único es Javier Sobrino, colaborador de la Federación.

Por último, el escrito señala que en la justificación se incluyeron nóminas de empleados de la Fundación, entre ellas de la María Padrón, hija del vicepresidente económico de la FEF, Juan Padrón, sin que existieran pruebas de que estuvieran vinculados a los proyectos.