El juez pide sentar en el banquillo a tres futbolistas y 15 exdirectivos por el amaño del Osasuna Betis en 2014

Dos años de investigación, con 65 autos, 55 declaraciones, 10 careos y 60 atestados policiales después, el caso de los amaños de partidos por parte de Osasuna cierra su instrucción. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi, considera que hay indicios suficientes para abrir juicio oral contra 18 de las 29 personas investigadas por la presunta compra de partidos por parte del club navarro entre 2012 y 2014.

Por un lado se encuentran los jugadores del Betis la temporada 2013-14 Jordi Figueras, Antonio Amaya y Xavi Torres. Por el otro, el ex presidente Miguel Archanco y casi toda su directiva, además del exgerente Angel Vizcay, el actual, Ángel Ardanaz, y el ex presidente de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain. También incluye en el auto a los dos agentes inmobiliarios que firmaron un recibo falso de 900.000 euros y a los miembros de la Junta Gestora que dirigió el club después de Archanco por “ordenar al gerente que hiciera lo necesario, sin excluir la comisión de delitos” para justificar la salida irregular de dinero durante la anterior gestión.

El exgerente navarro Ángel Vizcay es quien acumula la mayor cantidad de delitos imputados 

El magistrado considera que hay indicios suficientes para entender que Osasuna abonó 650.000 a los jugadores del Betis. 400.000 para que ganasen al Valladolid, en la penúltima jornada de la Liga 2013-14, y 250.000 por dejarse ganar ante el equipo navarro en la última jornada. Imputa a los tres deportistas un delito de corrupción deportiva, que el Código Penal castiga con una pena de seis meses a cuatro años de cárcel. Para su encausamiento, el juez cita como indicios los posicionamientos de los teléfonos móviles en los lugares donde se produjeron las negociaciones con los directivos de Osasuna y el cotejo de sus registros de llamadas, además del análisis patrimonial que revela elevados pagos en metálico y caída de reintegros bancarios en las fechas posteriores a la entrega del dinero.

En el caso de los exdirectivos de Osasuna, Fermín Otamendi suma a la corrupción deportiva los delitos de apropiación indebida y falsedad contable. Durante el periodo investigado, el juez calcula en 2,2 millones el dinero salido de la caja del club sin justificación o con destino delictivo para realizar amaños. Al dinero destinado a los amaños se suma la salida de 900.000 euros en la temporada 2012-13 y 1,4 millones en la 2013-14 de los que únicamente consta que se destinaron 226.000 euros a primas en metálico a los jugadores del club. El destino del resto de dinero no ha sido explicado por los exdirectivos a los que el juez acusa de “utilizar el dinero del club para mantener a toda costa al equipo en Primera División en una práctica no sólo ilegal, sino delictiva”. A Archanco y su junta Otamendi suma los delitos de corrupción deportiva, apropiación indebida y falsedad contable.

La junta directiva que presidía Miguel Archanco decidió contabilizar los 900.000 euros a cargo de una factura firmada por Albert Nolla y Cristina Valencia, agentes inmobiliarios que firmaron el documento “a sabiendas de su falsedad”, según el auto. A cambio, habrían recibido una cantidad indeterminada de dinero. A ambos les acusa de un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Diego Maquirriain, por su parte, es quien según el juez entregó directamente el dinero a los jugadores del Betis en Sevilla.

El magistrado sobresee las acusaciones contra los futbolistas Patxi Puñal, Damiá (Osasuna) y Sergio García (Espanyol)

Un año más tarde, la gestora que dirigía el club tras la dimisión de Miguel Archanco, con el descenso a Segunda División, se encontró con la necesidad de dar cobertura contable a la salida de 1,4 millones de euros de la temporada 2013-14 gestionada por Archanco. 650.000 euros eran para los amaños y 790.000 sin explicación aparente. Según el juez, la gestora, para evitar posibles sanciones al club, encargó al entonces gerente Ángel Vizcay, que buscara una justificación “sin excluir la comisión de delitos”. Para ello, Vizcay creó unas facturas de una empresa portuguesa, Flefield, dedicada a la detección de posibles fichajes, para simular esas salidas y tras las dudas presentadas por el auditor del club también falsificó un contrato imitando las firmas de Miguel Archanco, que ya no dirigía el club, y del representante legal de Flefield. Por ello el juez acusa a todos los miembros de la gestora, salvo uno que no estaba en la reunión, de falsedad contable.

Quien acumula la mayor cantidad de delitos imputados es el exgerente Ángel Vizcay, que fue quien desencadenó la investigación al confesar los amaños ante la Liga de Fútbol Profesional, que los investigaba durante la temporada 2013-14 debido a las sospechas de anteriores temporadas. La LFP contrató detectives para la vigilancia de directivos y jugadores durante las últimas jornadas de liga. Vizcay aparece tanto en lo referido a la compra de partidos al final de la temporada 2013-14 como en las salidas de dinero sin justificación en la anterior y el maquillaje contable realizado en 2014 por la gestora. Por ello al delito de corrupción deportiva se suma el de apropiación indebida, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.

El juez no ve indicios suficientes para entender que Osasuna pagó 250.000 a jugadores del Espanyol por lograr un empate que no servía para el club rojillo y sí para asegurar la salvación del equipo catalán en el penúltimo partido de la liga 2013-14. Por ello sobresee las acusaciones contra el excapitán de Osasuna Patxi Puñal y contra los jugadores Damiá (Osasuna) y Sergio García (Espanyol). También exonera al actual entrenador Petar Vasiljevic, al que Vizcay apuntaba como uno de los gestores de la compra del partido de Barcelona del que el juez no ve indicios y al futbolista del Betis esa temporada Jorge Molina, por no existir tampoco pruebas concluyentes.