El juez pide a Villar que documente los descensos de clubes por motivos económico

Los dos jueces que admitieron las querellas contra Ángel María Villar por los presuntos tratos de favor al Marino de Tenerife y al Recreativo de Huelva y también por el retraso electoral siguen abriendo diligencias en ambos procesos. El magistrado Marcos Ramón Porcar, que abrió la investigación por la demora en las elecciones, deberían haberse celebrado en el primer cuatrimestre de 2016, ha admitido que se presenten como pruebas las grabaciones de las comisiones delegadas en las que se aprobaron los reglamentos electorales que no se ajustaban a la orden ministerial que regula las elecciones en las federaciones deportivas. Con esta admisión de pruebas el juez podrá comprobar si Villar influía o no en las decisiones de la comisión delegada. Según fuentes federativas, en alguna ocasión, Villar habría incitado a votar a los miembros de la comisión delegada según su interés y posteriormente él se abstenía en la votación para eludir responsabilidades.

Villar ya declaró como imputado por el retraso electoral el pasado 14 de octubre y declaró ante el juez que, pese a las advertencias de Kepa Larumbe, asesor jurídico de la Federación, había decidido someter a votación en la comisión delegada el reglamento. Tras esta declaración del presidente del fútbol español, Larumbe prestará declaración como testigo el próximo día 10 de noviembre.

En el caso del Recreativo y el Marino, el juez Gregorio María Callejo ha solicitado a la Federación toda la documentación sobre los casos en los que hubo descensos de categoría por deudas. Con esta documentación, el magistrado podrá comprobar si hubo trato de favopr por parte de Villar y si hubo perjuicios a terceros. Villar tendrá que declarar como imputado por este caso el próximo 23 de enero.

Las acciones de sendos jueces, tras las querellas presentadas por Miguel Galán, candidato a la territorial madrileña y a la Federación, siguen poniendo en cuestión la decisión del Tribunal Adminitrativo del Deporte (TAD) de no incoar expediente a Villar para que se abriera una investigación sobre los hechos. El TAD, tras una votación ajustada (3-2) con un proceso más largo de lo habitual y plagado de decisiones cuando menos cuestionables, se ha visto puesto en entredicho por ambos magistrados al amplia estos diligencias. Donde los tres miembros del TAD no vieron motivo alguno para abrir investigaciones, sendos magistrados sí han detectado hechos razonables para ser revisados.