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La justicia cuestiona al TAD por el ‘caso Villar’

La admisión de dos querellas contra el dirigente pone en entredicho a los miembros del tribunal que no le expedientaron

Villar, en la Asamblea de la FEF el 11 de octubre.
Villar, en la Asamblea de la FEF el 11 de octubre. EFE

La admisión de dos querellas por parte de sendos jueces de los juzgados de Majadahonda han puesto en entredicho la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) del pasado 3 de agosto de no abrir expediente a Ángel María Villar por los supuestos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife, y por el retraso del calendario electoral a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF). La votación del TAD fue 3-2. Y aunque tres de sus miembros, Koldo Irurzun, Andreu Camps y Eloisa Carbonell, no encontraron razones para votar a favor de la apertura del expediente al presidente del fútbol español, los magistrados Marcos Ramón Porcar y Gregorio María Callejo sí han detectado pruebas indiciarias para iniciar las dos investigaciones ante las querellas interpuestas por Miguel Galán, candidato a la presidencia de la FEF. Los tres miembros del TAD a los que los jueces han puesto en entredicho han declinado hacer declaraciones al respecto.

Por la acusación de provocar deliberadamente el retraso electoral, Villar ya tuvo que declarar como investigado (imputado) el pasado 14 de octubre y, sorprendentemente, admitió ante el juez que, pese a las advertencias del asesor jurídico de la FEF, Kepa Larumbe, de que el reglamento electoral podía vulnerar la orden ministerial que regula las elecciones en las federaciones deportivas, decidió llevarlo a la comisión delegada de la Federación para que lo sometiera a voto y lo aprobara. Por este testimonio de Villar, Larumbe ha sido citado a declarar como testigo por el juez.

Por el caso del Recreativo y el Marino, Villar tendrá que declarar el 23 de enero, según la providencia avanzada por el diario As.

La votación del TAD favorable a Villar, cinco meses después de solicitar el Consejo Superior de Deportes (CSD) la apertura del expediente, estuvo precedida de un proceso previo escabroso y más largo de lo habitual. En ese periodo se tomaron polémicas decisiones, como en la petición de recusación del miembro del tribunal Andreu Camps, solicitada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP). A su vez, Villar también desplegó una batería de maniobras. La primera de ellas, contratar los servicios del abogado Gilberto Pérez del Blanco, que colabora con el despacho para el que trabaja Tomás González Cueto, miembro del TAD, y que tuvo que abstenerse tras desvelar EL PAÍS la vinculación profesional que mantenían. A la abstención de González Cueto siguió la lógica de Enrique Arnaldo, presidente del TAD, que había formado parte del Comité Jurisdiccional de la Federación.

Maniobras y amenazas

[TEX]Villar, que sospechaba que tras la incoación del expediente llegaría la solicitud de inhabilitación por parte de Miguel Cardenal, presidente del CSD, también amenazó con querellarse contra los [/TEX]miembros del TAD que votaran a favor de expedientarle. Contra Cardenal hizo efectiva la amenaza, pero la querella fue desestimada en primera instancia por la Audiencia Provincial.

La cuestionada y ajustada votación de agosto generó que en la resolución del TAD se incluyeran los votos particulares, muy duros, de Francisco Corral y Lidia Fernández, partidarios de abrir expediente. Antes de proceder a decidir si se abría o no, se produjo la votación de la recusación de Andreu Camps solicitada por la LFP, por haber sido nombrado este a propuesta de la FEF como integrante del TAD, tres de cuyos miembros son designados por las federaciones deportivas y cuatro por el CSD. En su escrito previo para defenderse de la recusación, Camps alegó desconocer qué federaciones le habían propuesto o si lo había hecho el CSD. Realmente, lo hicieron la de fútbol y la de bádminton.

Existen correos electrónicos de febrero de 2014, que el mismo Camps distribuyó al TAD, en los que este aseguraba a Cardenal que haría gestiones con federaciones para lograr su nombramiento. Ante las evidencias de que había sido propuesto por la FEF, Camps alegó posteriormente, a requerimiento de Corral, que nunca había hecho gestiones con miembro alguno de la Federación para su designación. Camps, que a esto sí quiso responder a este periódico, califica de “falsedad del voto particular” que se negara a especificar qué tipo de gestiones había hecho para ser nombrado a propuesta de la Federación como miembro del TAD. Por su parte, en su escrito del voto particular, Corral asegura que Camps se negó a dar explicaciones sobre dichas gestiones y que ante esto “no cabría sostener que el señor Camps reviste la apariencia de imparcialidad debida”.

En la votación (2-2) para validar si Camps podía participar en la deliberación de la apertura del expediente a Villar decidió el voto de calidad de Koldo Irurzun como presidente circunstancial. La resolución del TAD sobre la recusación de Camps, alude a que no procedía su recusación porque no se habían determinado los posibles interesados en el procedimiento al no haberse abierto aún el expediente. Juristas consultados ven sorprendente el hecho de negar una recusación por no haberse incoado el expediente todavía y más cuando antes se habían aceptado dos abstenciones. Con el cuestionado Camps habilitado para votar, el expediente a Villar no se abrió por un solo voto.

 

Tratos de favor y sin elecciones a la FEF

Recreativo y Marino. El Consejo Superior de Deportes (CSD) solicitó la apertura de expediente contra Ángel María Villar y el vicepresidente económico de la Federación por presuntos tratos de favor a estos clubes por concederles préstamos que les permitieron competir. El CSD, además, consideraba que esto podría perjudicar a terceros clubes que no recibieron el mismo trato y en su día descendieron de categoría al no cumpor con los requisitos económicos exigidos por la Federación.

Retraso electoral. Las elecciones a la Federación deberían haberse celebrado en el primer cuatrimestre de 2016 como marca la orden ministerial que regula las elecciones a las federaciones deportivas. El CSD instó al TAD a abrir expediente a Villar al considerar que este estaba retrasando deliberadamente el proceso mandando reglamentos electorales que incumplían con la ley. Por su parte, Villar alega que ha sido el CSD el que ha demorado las elecciones al no aprobarle los reglamentos y al haber incluido puntos novedosos para no aprobarle el último, elaborado en el mes de septiembre.

 Investigado. Villar tendrá que defenderse ante la justicia por presunta prevaricación, malversación de fondos, administración desleal y alteración de las competiciones deportivas.

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