El juez del ‘caso Messi’ envía la causa a Barcelona
El juez entiende que no es competente para actuar por blanqueo de capitales porque este delito se habría cometido en el extranjero
El magistrado Eduardo López Palop ha dictado un auto en el que observa un presunto delito fiscal en los partidos benéficos que celebró el astro del F.C. Barcelona, Lionel Messi, en seis países americanos en los años 2012 y 2013. El juez entiende, no obstante, que la investigación debe ser completada en los juzgados de Barcelona, ante los que se ha inhibido y remitirá la causa, según el citado auto.
El juez entiende que no es competente para actuar por blanqueo de capitales (uno de los delitos que indaga la Guardia Civil) porque este delito se habría cometido en el extranjero. Aunque, señala, “ello no es óbice” para que los juzgados de Barcelona investiguen “la presunta percepción de ingresos por parte de Lionel Messi o su Fundación por la organización de dichos partidos o su participación en ellos, que pudiera ser constitutiva de un presunto delito contra la Hacienda pública o una infracción de carácter tributario que vendría determinada por el importe de lo defraudado”.
Comisiones rogatorias
La investigación judicial sobre Messi y su entorno contiene documentación que acredita que el jugador pudo cometer un delito fiscal por no haber declarado al fisco español el dinero recibido por los organizadores de esos partidos. Andrés Barco, uno de los promotores, indicó a la Guardia Civil que transfirió a una cuenta del First Caribbean International Bank de Curaçao, en el Caribe, casi un millón de euros. Y entregó los justificantes de las entregas, en la que figuran como destinatarios “Marín/Messi”. Guillermo Marín es el gestor comercial de esos partidos. Los encuentros investigados (seis) se enmarcan dentro de los encuentros Messi y sus amigos contra el resto del Mundo,que se celebraron en México, EE UU, Colombia y Perú. Messi declaró que parte del dinero de los encuentros fue a parar a su fundación y de allí a obras de caridad. Sin embargo, varias asociaciones beneficiarias de la recaudación se han quejado de que no recibieron el dinero.
Las transferencias a Curaçao constituyen supuestamente un delito fiscal, ya que de ellas se deriva una cuota fiscal superior a 120.000 euros que Messi debería haber declarado en España puesto que su residencia fiscal está en Barcelona. Aparte de a Curaçao, la Guardia Civil quiere que el juez de Barcelona al que le corresponda el caso envíe comisiones rogatorias a Argentina, Colombia, Perú, México, EE UU, Panamá y Hong Kong. Las pesquisas surgen al descubrirse lazos entre varias empresas encargadas de organizar los partidos de Messi en América y se sospecha que los eventos han podido ser utilizados para lavar dinero del narcotráfico.
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