Los fondos de la discordia ya están prohibidos

Al futbolista colombiano Brayan Angulo, en palabras de Pedro Bravo, presidente de los agentes FIFA españoles, los fondos de inversión (TPO/TPI) “le arruinaron la vida”. Su caso fue el paradigma de la esclavitud al que esta herramienta de captación y financiación de traspasos, puede llegar a someter a un futbolista. Angulo, a cambio de un contrato que le garantizaba un mínimo de 48.000 euros al año, tuvo que jugar entre 2007 y 2012 donde Investfootball, la empresa poseedora de sus derechos económicos, decidía. En cambio, para Miguel Ángel Gil, accionista mayoritario del Atlético, no se pueden entender los siete títulos conquistados por su club en el último lustro sin la ayuda de este instrumento financiero. Falcao, Diego Costa, Miranda o Arda Turan llegaron al Atlético por esta vía.

El caso del Atlético y de Angulo son los extremos de una controversia que afecta de lleno a la línea de flotación de los planes de financiación del fútbol español tras la entrada en vigor, a partir de hoy, de la prohibición de su uso legislada por la FIFA. “Hemos calculado que hasta ahora los fondos de inversión le han supuesto unos ingresos de 100 millones de euros al fútbol español y el objetivo es triplicar esa cifra en dos temporadas porque con esa entrada de dinero mantendríamos talento y podríamos fichar jugadores de primer nivel. Queremos que los fondos se regulen”, defiende Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). “Ahora mismo en España puede haber entre 40 o 50 jugadores que tiene relación con fondos de inversión”, dice Javier Gómez, director financiero de la LFP.

Las patronales de los campeonatos español y portugués, donde la penetración de los TPO/TPI es mayor y va en progresión, tienen denunciada la prohibición ya vigente ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Consideran ambas organizaciones que la prohibición vulnera las normas de defensa de la competencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), además de las libertades fundamentales de establecimiento, prestación de servicios, trabajo y circulación de capitales.

Si los actores a favor de su existencia hablan de un instrumento financiero legitimado por el sistema de libre mercado al que los clubes pueden acudir para mantener su competitividad ante el cierre del grifo crediticio de los bancos, sus detractores los describen como motores de prácticas que convierten al futbolista en una mera mercancía, que descapitaliza a los clubes por la costosa financiación que conlleva su uso y por las suspicacias que pueden levantar en la competición o en la toma de decisiones de un entrenador a la hora de hacer las alineaciones. Cada punto de divergencia es contrarrestado desde uno y otro bando.

“Hemos hecho una propuesta por escrito detallada y aprobada por los clubes, por la que no se podrían utilizar con menores de edad, que el máximo del porcentaje que pueda tener un TPO sobre los derechos económicos de un jugador no sea mayor de un 50%, o que un club no pueda tener más de seis jugadores bajo esa condición”, mantiene Javier Gómez.

“No apoyamos los fondos de inversión porque lo que queremos es una relación directa y clara entre el trabajador, en este caso el futbolista, y el empleador, sin participación de terceros en las decisiones del futuro inmediato de los derechos económicos del futbolista, evitando a la vez la descapitalización de los clubes en beneficio de terceras entidades privadas”, explica Luis Rubiales, presidente del sindicato español de futbolistas (AFE).

“Los fondos de inversión generan esclavitud, el coste de financiación para los clubes es muy alto y puede provocar problemas de integridad en la competición”, argumentan desde la UEFA. “¿Y cuando un representante tiene varios jugadores en un equipo, y un entrenador en otro, no puede influir?”, replica Javier Gómez, que también apunta a que la regularización también daría lugar a mayor seguridad jurídica, lo que atraería a un tipo de inversor menos dudoso. “El dinero es muy miedoso, el inversor quiere garantías. Hay inversores privados rusos, de Canadá, de Luxemburgo... este sector es atractivo. Hace poco vinieron de Estados Unidos inversores que han trabajado con la NBA y quieren estudiar la posibilidad de invertir en la Liga. Esto empieza a moverse, pero tenemos que dar una seguridad jurídica. Si no, no van a entrar”.

Si para España, Portugal y algunos países del Este es fundamental este modo de financiación, en Inglaterra y Francia está prohibido. En Sudamérica, sin embargo, su implantación es pionera y muy mayoritaria. “Allí se instalaron como ahora aquí, con la excusa de que podían ser una fuente de financiación. Una vez fui a por un jugador a Talleres de Córdoba para el Numancia. Hablamos con el jugador y fuimos a ver al gerente del club. ‘Voy a ver el libro’, dijo. Aquello parecía el registro de la propiedad. Tenía una hoja escrita a mano, con 14 ó 15 anotaciones”.

“Es esa selva la que queremos evitar con la regularización”, concluye Tebas.