El Consejo de Europa avala que las federaciones se sometan a la ley

Cuando el Gobierno español, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), comenzó a aplicar a las federaciones y organismos deportivos la ley de Transparencia, algunos de entre ellos, como la federación española de fútbol o el Comité Olímpico Español, se quejaron amargamente y amenazaron incluso con denunciar la “injerencia del Estado” en asuntos que no son de su incumbencia. Sin embargo, para el Consejo de Europa, cuya Asamblea Parlamentaria de primavera se celebra esta semana en Estrasburgo, la petición de transparencia a las federaciones deportivas no solo no es una injerencia , sino que es una exigencia que deben adoptar todas las sociedades democráticas.

"La Asamblea reafirma que la necesidad de asegurar la independencia del movimiento deportivo debe estar acompañada del imperativo de asegurar que esta independencia no se convierta en una tapadera para justificar inacción contra las malas prácticas que burlan la ética deportiva y los acuerdos que, cuando se trata de compañías comerciales se someten, o deberían someterse, a las leyes penales”, señala uno de los puntos del informe “La reforma de la gobernanza del fútbol” que el jueves estudió la Asamblea Parlamentaria con representantes de los 47 países del Consejo de Europa.

Los Estados deben establecer un marco legal para garantizar la transparencia"

El informe, redactado por el laborista británico Michael Connarty, se inició a raíz de las denuncias sobre corrupción en el interior de la FIFA y es muy crítico con el funcionamiento del máximo organismo del fútbol mundial, y con su forma de gestionar tanto la atribución de los Mundiales de 2018 y 2022, como la investigación interna con que se cerró la crisis.

Uno de los vicepresidentes de la FIFA es Ángel María Villar, presidente de la federación española, quien ha utilizado el miedo a que la FIFA pudiera expulsar de su seno al fútbol español si continuaban lo que él considera “injerencias” y Miguel Cardenal, presidente del CSD, puro ejercicio de responsabilidad, por parte del Gobierno español en su organismo. El conflicto entre federación y CSD, cuyos dirigentes aún no han encontrado una vía de diálogo, se inició cuando el CSD sometió a la federación de Villar, como a las restantes federaciones españolas, a una auditoría, y se agravó cuando el CSD, en aplicación de la Ley del Deporte y de los acuerdos a que se sometieron los clubes en los años 90 cuando aceptaron que el dinero público y el de los ingresos televisivos financiara su plan de saneamiento, comenzó a redactar un decreto ley para la venta colectiva de los derechos televisivos de la Liga de fútbol, con el apoyo de la propia Liga de Fútbol Profesional. Para exigir una parte de los ingresos, Villar invocó un artículo de los estatutos de la FIFA que declara a las federaciones propietarias de las competiciones, y amenazó con denunciar a España, que anteponía sus propias leyes a las leyes del fútbol, ante el organismo presidido por Sepp Blatter.

Esta preeminencia de las federaciones sobre los Estados no la comparte el informe de la Asamblea del Consejo de Europa, cuya última recomendación, la 17, es “urgir a los Estados miembros a establecer un marco legal animando a las organizaciones deportivas bajo su jurisdicción a combatir la corrupción, incluyendo normas legales que aseguren que las federaciones que manejan grandes sumas de dinero se sometan a las reglas de transparencia y presupuestarias que se aplican a las compañías comerciales, aunque las federaciones estén constituidas como asociaciones sin ánimo de lucro”.