“En un momento determinado haces lo que sea”

¿Qué condujo a Ángel Vizcay, exgerente de Osasuna y uno de los socios más antiguos de la entidad navarra, a participar en la trama de compra de partidos que ha golpeado al fútbol español? “Durante todos esos años hay muchas ocasiones en las que, bueno, lo que se pretende es la permanencia del equipo y los resultados del club. En un momento determinado, la junta directiva entiende lo mismo, que es lo lógico, y por eso en un momento determinado haces lo que sea”.

Consultado por este periódico, el exdirectivo de Osasuna remite una y otra vez a la declaración grabada que efectuó hace un mes y medio ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP), en la que reconoció haberse reunido el pasado mes de mayo en un restaurante de Madrid con dos jugadores entonces en el Betis, los centrales Amaya y Figueras, a quienes prometió una prima de 250.000 por ganarle al Valladolid y otra prima por dejarse ganar en un encuentro posterior frente a Osasuna de la pasada campaña.

“Todo está explicado perfectamente y creo que no hay que decir más, puesto que entorpecería la investigación”, responde Vizcay, quien a su vez señala que acudió a Madrid para declarar “de forma espontánea y voluntaria”.

La confesión de Vizcay y la investigación de la Liga, que sospecha del presunto amaño de cuatro partidos en los que participó Osasuna, pone contra las cuerdas al club. “Desconocíamos los supuestos hechos. Los futbolistas estamos muy tranquilos porque siempre jugamos para ganar”, manifestó el capitán Miguel Flaño.

¿Aprobó el Parlamento de Navarra en noviembre pasado la restructuración de la deuda fiscal de Osasuna con los ojos cerrados? Es lo que creen algunos de los partidos de la oposición en la Cámara, que consideran que las investigaciones del Consejo Superior de Deportes y la LFP sobre el posible amaño de partidos y el desvío de fondos del club sin justificación demuestran que cuando UPN, PP y PSN respaldaron esta norma lo hicieron sin conocer la situación real del club, que adeuda 53 millones de euros a la Hacienda Foral.

Tras la dimisión de Miguel Archanco, una junta gestora presidida por Javier Zabaleta se hizo cargo del club y presentó a los grupos parlamentarios una propuesta de ley para la restructuración de la deuda fiscal mediante la entrega al patrimonio público del estadio de El Sadar y las instalaciones de Tajonar, tasados en 43 millones, y el aplazamiento durante 30 años de los 10 millones restantes. Según los partidos, la gestora nunca mencionó los 2,4 millones salidos del club en 2013 y 2014 sin justificación contable ni las sospechas sobre compras de partidos al final de la última temporada en Primera que ahora afloran. La ley se aprobó sin una auditoría independiente, sin informes de la Hacienda Foral ni una tasación del patrimonio del club diferente a la encargada por Osasuna.

Mientras el líder del PSN en noviembre, Roberto Jiménez, afirma sentirse “engañado” por los dirigentes del club, desde Bildu, Maiorga Ramírez señaló que el legislativo dio “un cheque en blanco sin garantías” a Osasuna.

La gestora del club navarro no informó al Parlamento de los 2,4 millones salidos sin justificación

Fue, sin embargo, la gestora que se hizo cargo del club tras la salida de Archanco la que comunicó a la LFP la existencia de cantidades sin justificar. El 13 de noviembre pasado, dos semanas antes de aprobarse la Ley Osasuna, el CSD comunicó al club el inicio de una auditoría de las cuentas de los tres últimos años. El gobierno navarro no acaba de dejar claro hasta qué punto conocía lo ocurrido. El portavoz del ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniain, reconoció ayer que “es de suponer que el gobierno conocía la información” de que el CSD estaba investigando a Osasuna antes de que se aprobara la ley. El portavoz asegura que la Ley Osasuna “era necesaria para salvar la institución y saldar su deuda” fiscal.

El gobierno navarro cree que las irregularidades conocidas ahora no influirán en la denuncia por posible ayuda de Estado que estudia la Comisión Europea sobre la ley que rescató fiscalmente al club. En virtud de esa norma, el ejecutivo otorgó un aval de cuatro millones de euros hace ahora un mes y cerrará próximamente el traspaso del patrimonio del club, aunque Osasuna seguirá usando Tajonar y El Sadar en exclusiva, tal y como recoge la propia ley.