Ruz rechaza la querella de Manos Limpias contra Bartomeu
El magistrado aparta al pseudosindicato de la causa porque no ha abonado los 45.000 euros que le impuso como fianza para personarse
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la personación de Manos Limpias como acusación popular en el caso Neymar sobre las irregularidades en la contratación del jugador brasileño del Fútbol Club Barcelona. El magistrado argumenta que el pseudosindicato no ha consignado los 45.000 euros de fianza que le había ordenado prestar el juez en el plazo de 10 días para poder ejercer la acusación. Esta decisión hace que decaiga inicialmente la querella de Manos Limpias contra el actual presidente culé Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente Javier Faus y el padre de Neymar.
Sin embargo, la decisión no cierra definitivamente una posible acción judicial contra los dirigentes barcelonistas. Manos Limpias tiene previsto recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia la fianza fijada por el magistrado instructor del caso Neymar. En caso de que el órgano superior dé la razón al pseudosindicato y rebaje la caución, se abriría un nuevo plazo de 10 días para presentar la nueva fianza que pueda imponer la sala.
La fiscalía de la Audiencia Nacional solo ha emprendido acciones por administración desleal por el fichaje de Neymar contra el expresidente Sandro Rosell. Además, hay otra imputación contra el club como entidad por delito fiscal por la simulación de contratos. El Barça ha entregado ya a la Agencia Tributaria un total de 13,5 millones de euros que debía haber pagado al hacer pasar por distintos conceptos lo que en realidad eran los contratos laborales del jugador, firmados en junio de 2013. En esta causa está personada tanto la fiscalía como la Agencia Tributaria como acusación particular.
El Barça ha negado que se haya puesto en contacto con la fiscalía para proponer un pacto de conformidad que permita cerrar aceleradamente la causa contra el club por delito contra la Hacienda Pública. La entidad azulgrana ha asegurado que los contactos que sus representantes legales han mantenido con el ministerio público fueron "protocolarios".
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