El efecto bumerán

No imaginaba el ya expresidente del Barcelona Sandro Rosell cuando decidió pasar cuentas con la anterior junta directiva, de la que él mismo había formado parte en el pasado, que podría estar tirando piedras sobre su propio tejado. La acción de responsabilidad social contra Joan Laporta y siete exdirectivos que impulsó la junta que Rosell dirigía y que recibió el apoyo de la asamblea de socios compromisarios en 2010, poco después de ganar este las elecciones, podría volverse en su contra. Un efecto bumerán en toda regla.

El juez encargado del caso, cuya vista previa arrancó ayer miércoles, debe decidir si amplía la demanda al resto de miembros que integraron el consejo de Laporta desde el año 2003, esto es el propio Rosell, el nuevo presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, y también Javier Faus, Jordi Moix y Jordi Monés, miembros de la actual directiva del Barça. Así lo exigen los abogados de los demandados, que, además, piden que estos sean citados a declarar como testigos.

A Laporta y compañía se les reclaman 47,6 millones de euros, cantidad en la que se cifran las pérdidas acumuladas durante el periodo de gestión del expresidente, entre 2003 y 2010, y que es exigible de forma mancomunada entre todos los integrantes de la junta. La acción de responsabilidad se dirigió a los integrantes de la junta cesante. Si bien, la defensa alega litisconsorcio pasivo necesario para que la lista de dirigentes se amplíe a todos aquellos que formaron parte del consejo en aquellos años. Rosell, Bartomeu y compañía dimitieron en 2005, pero estuvieron presentes en los inicios del mandato de Laporta y en aquellos ocho días que se contabilizan como una temporada, la 2002-2003, y en los que se generaron pérdidas de 63,8 millones de euros, que Laporta siempre achacó a la gestión de su predecesor, Joan Gaspart.

Por eso, las partes han solicitado al juez todas las auditorías de la era Laporta, las actas de la comisión económica y el informe jurídico de 2003, por el cual el Barça decidió no presentar una acción de responsabilidad contra Gaspart. El Barcelona, por otro lado, pide que recaiga sobre los demandados una responsabilidad objetiva, de modo que reconoce que no hubo mala gestión ni negligencia, aunque pesan los millones de pérdidas.

Así pues, el magistrado dispone de un máximo de cinco días para decidir si amplía la demanda, además de fijar una fecha para el inicio del juicio. El proceso deberá aclarar si las cuentas presentadas y aprobadas en la asamblea de 2010 (Laporta presentó a la junta entrante unos beneficios de 11 millones, pero Rosell y la auditoría Deloitte cifraron las pérdidas en 77,1) son indiscutibles y si la responsabilidad debe dividirse entre más encausados.

De momento, la demanda ejercita, por acumulación, una acción directa contra la aseguradora Zurich por una cantidad de 25 millones de euros, que debería restarse de la cantidad reclamada a los demandados en caso de ser estimada por el juez.

Marc Ingla, candidato en las elecciones de 2010 y exvicepresidente con Laporta, se unió, por su parte, a aquellos que piden la convocatoria de elecciones en junio en el Barça. Uno de los asuntos capitales de discusión social es la remodelación del Camp Nou.