Juicio a los ‘falsos’ paralímpicos

Volvieron a España desde Australia como héroes. Habían ganado la medalla de oro en baloncesto en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000. Al poco, las revistas Gigantes y Capital desvelaron un secreto: presuntamente, Carlos Ribagorda, uno de los periodistas de la última, había sido seleccionado junto a otros nueve jugadores sin discapacidad intelectual para llevar a la selección hasta lo más alto del podio. Supuestamente, esos diez paralímpicos podrían haber sido olímpicos. Ayer se supo que el lunes comenzará en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra los ocho responsables del proceso de selección del equipo, que formaban parte del Comité de Elegibilidad, y contra nueve baloncestistas de ese equipo coronado con el oro, para los que el fiscal pide dos años de prisión por un delito de falsedad continuado.

Además, el Comité Paralímpico español se ha personado como acusación particular en el caso e imputa un presunto delito de estafa y malversación. “Y aunque el juicio comienza el lunes”, le explicaron fuentes del organismo a este diario; “ya ha habido una aproximación entre los abogados por la que uno de los imputados, Fernando M. V., expresidente de la Federación española para discapacitados intelectuales, se compromete a devolver unos 140.000 euros que nosotros consideramos se llevó en subvenciones destinadas a los deportistas”. Este periódico no consiguió ayer ponerse en contacto con el aludido.

Según el Comité Paralímpico, se defraudaron 140.000 euros de dinero público

Cuando se destapó el escándalo, el Comité Paralímpico inició una investigación en la que confirmó las acusaciones y admitió dudas sobre otros cuatro deportistas de otras disciplinas —atletismo, natación y tenis de mesa—.

Aquel otoño de 2000, la mayoría de los jugadores del equipo de baloncesto llegaron a España parapetados tras una barba, una gorra y unas gafas de sol, intentando pasar desapercibidos en lugar de buscar la tradicional foto con la medalla en el aeropuerto. Según la fiscalía, solo dos jugadores de los doce poseían el correspondiente certificado de minusvalía, mientras que los nueve jugadores acusados participaron en los Juegos Paralímpicos a sabiendas de que carecían de toda discapacidad, y por tanto del correspondiente certificado oficial de minusvalía expedido por el Inserso o el organismo pertinente de la comunidad autónoma.

Esta circunstancia, siempre según la acusación, era conocida por los ocho procesados que integraban el Comité de Elegibilidad —el entonces presidente de la Federación española para discapacitados intelectuales y una psicóloga, entre otros—, y por los entrenadores del equipo de baloncesto.

En el caso de que los acusados fueran condenados, y para aquellos que no tengan antecedentes penales, lo habitual es que el juez les aplique la remisión condicional de la pena —es decir, que no ingresen en la cárcel a no ser que cometan otro delito— y que también tenga en cuenta para una reducción que el proceso se inició hace más de un decenio.