La mayoría de los clubes de Primera, dispuesta a parar el inicio de la Liga

Más de la mitad de los clubes de Primera están dispuestos a parar el inicio de la Liga, previsto para el 18 de agosto, por la falta “de un procedimiento transparente y reglamentado para la fijación de los horarios de los partidos”. 

Así, 13 de los 20 equipos que componen la elite del fútbol español acordaron ayer por unanimidad solicitar a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) la convocatoria urgente de una Junta de Primera, a celebrar el martes, con el objetivo de encontrar un mecanismo que impida en el futuro la adopción de horarios como los de las tres primeras jornadas de campeonato. En ellas, según fuentes conocedoras del caso, ha quedado reflejada la división generada en la LFP por la ruptura de las negociaciones entre los dos operadores que comercializan los derechos audiovisuales en España, Canal+ y Mediapro: algunos clubes terminarán de jugar sus partidos ya de madrugada, lo que perjudica sus opciones competitivas, dificulta la presencia de sus aficionados y disminuye su capacidad de recuperación para futuros compromisos. Eso, coincidieron los firmantes, es “una falta de respeto a los derechos de los clubes” y provoca una “situación de grave inseguridad jurídica”. Si el martes no se adopta “una solución aceptable”, un primer paso para acabar con la falta de regulación en un sector que debe 752 millones a Hacienda y más de 3.000 en total, la mayoría de conjuntos podrían decidir retrasar el inicio del torneo.

“Queremos que los horarios no se utilicen para el chantaje a los clubes, y entendemos que la Liga no ha defendido los intereses del colectivo, sino que se ha posicionado [a favor de uno de los dos operadores], por lo que instamos a que desaparezca el favoritismo”, explicaron fuentes de uno de los clubes firmantes.

“Queremos que la programación no se use para el chantaje”, dicen desde las entidades

“Los horarios”, argumentó en días anteriores la LFP; “son consecuencia de la necesidad de protección de los deportistas ante las altas temperaturas que pueden sufrirse en el mes de agosto en España”. Sin embargo, según los horarios publicados por el organismo, en Segunda división ningún partido de la primera jornada será a las 23.00, como sí pasa en Primera.

Las preocupaciones de los trece clubes firmantes —Atlético, Celta, Espanyol, Getafe, Osasuna, Real Sociedad, Zaragoza, Athletic, Betis, Granada, Mallorca, Rayo y Sevilla— van mucho más allá de los horarios. El comunicado reflejó el deterioro de las relaciones entre los equipos integrantes de la LFP.

“Pedimos que el principal activo de la gestión de los clubes no esté sujeto a tantas incertidumbres”, explicaron desde la directiva de otro equipo de los firmantes. “Si tenemos varios operadores, pero resulta que no sabes quién puede retransmitir los partidos, esto es un caos”, añadieron esas fuentes de los 13 clubes convocantes, entre los que hay nueve con contrato con Canal+ (empresa participada por PRISA, editor de EL PAÍS) y cuatro que firmaron su acuerdo con Mediapro, señal de que el problema afecta a los cimientos y la misma supervivencia de la Liga.

En el texto, los clubes también solicitaron “el pago inmediato de todas las cantidades adeudadas por los operadores de TV”. Athletic, Real Sociedad, Zaragoza, Espanyol y Osasuna habrían sufrido impagos por parte de Mediapro a lo largo de la temporada, según fuentes consultadas por este diario.

Del mismo modo, los equipos pidieron “la retirada de las demandas interpuestas contra los clubes en relación a los contratos de cesión de los derechos audiovisuales”. Mediapro reclamó medidas cautelares en contra de los clubes que decidieron firmar con Canal+ cuando recuperaron sus derechos amparados por una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, que estableció que la duración de los contratos de los equipos con los operadores no podía superar los tres años. En los casos de Espanyol y Celta, ambas solicitudes de medidas cautelares fueron desestimadas por los jueces. En la reunión del próximo martes, los clubes pretenden alcanzar un acuerdo para poner fin a esta cadena de demandas.