Desbarajusticia

Lo más lamentable del desbarajuste que ha causado la nueva legislación sobre justicia universal no es tanto la imposibilidad de los profesionales con larga experiencia práctica para ponerse de acuerdo, ni el conflicto entre las diversas autoridades competentes y la consiguiente impunidad de la alta delincuencia internacional, sino la sospecha de que nuestros gobernantes no utilizan la prudencia exigible en estos casos. Esa prudencia que te lleva, antes de someter un decreto al simpático rodillo de tu mayoría absoluta, a tratar de estudiar y esclarecer las condiciones y consecuencias de la aplicación real. La autoridad numérica en el Parlamento por más que sea real y reconocida no siempre puede eludir la consulta con los profesionales.

Pero la deriva de la justicia en esta legislatura ha abierto una herida aún mayor en la sociedad. Es una grieta que amenaza ruina y que apunta directamente a la sospecha colectiva de que la aplicación de la ley es blanda con el poderoso y cruel con el débil. Lo vemos a diario con la persecución a cualquiera que entorpezca las ejecuciones bancarias, los desahucios, a quien participe en protestas o se signifique en el rechazo a las políticas más antisolidarias. Se han dictado condenas que son de una dureza difícilmente explicable salvo que persigan amedrentar. Hay multas cuyas cuantías rozan el ridículo si uno compara las consecuencias de participar en una protesta con, por ejemplo, la estafa continuada a cientos de ahorradores.

En estos días se resuelve el recurso de dos personas que por participar en un piquete huelguista en Granada fueron condenados a tres años de prisión. La ausencia de violencia en aquel acto no resulta atenuante para que la deriva judicial se encargue de enviar ese escarmiento al resto de la sociedad. El Gobierno, contestado en sus políticas de enorme dureza social, en lugar de escuchar ha preferido acallar, que son dos distintos caminos para llegar a un mismo silencio. El aviso para viandantes ha calado profundo durante este tercio de varas y los medios no están alerta frente a esta domesticación por vía del castigo judicial. La mayoría silenciosa va a terminar por serlo de verdad, pero no por acatar con comprensión las órdenes del poder, sino por el miedo a la criminalización y la multa desmesurada.