¿Quién apaga la televisión?

El Tribunal Supremo, que hace más de un año anuló nueve canales de televisión por haber sido adjudicados sin concurso público, ha preguntado a la Administración quién tiene que apagar esas emisoras. En una resolución de principios de marzo, la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo expone que le comunique “qué órgano es responsable de su cumplimiento”. El Supremo ya resolvió el 18 de diciembre de 2013 un auto sobre el incidente de la ejecución, pero desde entonces el Gobierno no ha movido ficha. La cuestión es si la orden de llevar a negro parte de la TDT (nueve de las 24 emisoras privadas de cobertura nacional) debe darla el Consejo de Ministros o Industria, que asume las competencias en materia audiovisual.

Mariano Rajoy tiene sobre la mesa una sentencia difícil de resolver. Hasta ahora ningún miembro del Ejecutivo ha explicado cómo ni cuándo la cumplirá. El ministro de Industria, José Manuel Soria, se limitó ayer a comentar que no se abordará en el próximo Consejo de Ministros, pero que se hará “pronto”.

La empresa que recurrió al Tribunal pide que se anulen otras ocho señales

En principio son nueve las señales que deben cesar (tres de Atresmedia y dos por parte de Mediaset, Veo TV y Net TV, respectivamente). Aunque la compañía que recurrió las adjudicaciones —firmadas durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero— no se conforma con el apagado de estos canales. Infraestructuras y Gestión 2002 ha presentado un nuevo recurso, admitido a trámite por el Supremo, en el que plantea que otras ocho licencias fueron otorgadas (a los mismos operadores) sin que mediara un concurso. En este caso se verían afectados un canal de Net TV, otro de Veo TV, dos de Atresmedia y cuatro de Mediaset.

El abogado del Estado había argumentado que el Supremo no debía admitir el recurso de Infraestructuras y Gestión 2002, una empresa con sede en Vitoria y dedicada a la distribución de señales de televisión, porque no optó en su día a las concesiones.

El Gobierno dice que garantizará una oferta “muy amplia”

A la espera de lo que pueda ocurrir con estos canales, el Gobierno quiere aprovechar el reparto del dividendo digital (la liberalización de una parte de las frecuencias que ocupa la televisión para cedérselas a la telefonía móvil) para reajustar el panorama audiovisual y cumplir la sentencia del Supremo.

Las cadenas de televisión tienen que desocupar la banda de frecuencias de 800 Mhz en enero de 2015, aunque el Gobierno español se había comprometido a adelantar un año este proceso. Pero los operadores de telecomunicaciones no parecen tener demasiada prisa por instalarse en esa parte del espacio radioléctrico para dar telefonía 4G. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, reconoció ayer que el plan diseñado va “claramente con retraso”, aunque quiso dejar claro que España cumplirá los compromisos con Europa. Dijo, además, que se abordará de la manera más sencilla posible para los ciudadanos y que se seguirá garantizando una oferta “muy amplia de TDT”.

Para los usuarios, el principal problema que supone el baile de canales es la necesidad de resintonizar las emisiones. El Gobierno podría evitar el gasto que en principio suponía adaptar las antenas colectivas en más de un millón de edificios concentrando los canales en el ancho de banda que ahora ocupan, permitiendo que por un múltiple viajen más de cuatro señales. Tecnológicamente es posible, según apuntan fuentes del sector.

Otra cosa sería RTVE. La corporación estatal podría verse más afectada que los operadores privados por la reestructuración de los canales y eso le obligaría durante unos meses a emitir simultáneamente en las viejas y en las nuevas frecuencias, con el consiguiente gasto que eso generaría. Sería una factura a añadir a las frágiles arcas de la televisión pública después del recorte de 250 millones que le ha asestado el Gobierno en dos años.